Caso Koldo: qué implica el registro a dos ex altos cargos de Transportes por parte de la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intensificó este jueves las investigaciones en torno al conocido como caso Koldo con el registro de los domicilios de dos antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes: Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex número dos del Ministerio, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Esta actuación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, responde a los “indicios consistentes” detectados por los investigadores sobre la posible implicación de ambos en una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio (2018-2021).
El alcance del registro va más allá de lo puramente procesal. Refuerza la hipótesis de una red que, presuntamente, habría amañado contratos públicos millonarios a través de la connivencia entre responsables políticos y empresas constructoras. Los nuevos movimientos judiciales evidencian que la investigación ha entrado en una fase decisiva, donde los indicios ya no apuntan únicamente a figuras intermedias, como el exasesor ministerial Koldo García, sino que afectan directamente a quienes ocuparon puestos clave en la estructura administrativa del Estado.
Según los informes de la UCO, las pruebas recabadas —entre ellas comunicaciones interceptadas y registros de WhatsApp— revelan un supuesto patrón organizado. En concreto, la semana pasada el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pidió a la Audiencia Nacional que imputara tanto a Pardo de Vera como a Herrero al considerar que, según el último documento de la Guardia Civil presentado el 5 de junio, se desprendían “indicios consistentes” de la posible implicación de ambos funcionarios en el entramado.
El magistrado apuntaba en su escrito que Herrero y Pardo de Vera “hubieran podido prestar asistencia al aforado José Luis Ábalos a través de quien oficiaba como su asesor, el también investigado Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”. Se trataría de datos relevantes sobre licitaciones, valoraciones técnicas e incluso presiones para modificar sistemas de adjudicación con el objetivo de favorecer a ciertas constructoras.
“Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”, señala un mensaje enviado por Herrero, en poder de la Guardia Civil, en una conversación que se produjo tras la pérdida de un concurso por parte de una de las empresas vinculadas al caso, OPR, que poco después resultó adjudicataria de una importante obra en Asturias.
Con estos nuevos registros, el caso Koldo deja de ser una investigación centrada en un asesor ministerial y empieza a perfilarse como una macrocausa que podría afectar estructuralmente a la gestión de obra pública durante el Gobierno de coalición. La implicación de técnicos de alto nivel refuerza la tesis de una operativa organizada y sostenida en el tiempo, con capacidad para manipular procesos de adjudicación a cambio de mordidas.
Implicaciones políticas: el alcance de la red
El caso también proyecta efectos colaterales sobre el actual Gobierno, no tanto por la existencia de responsabilidades políticas directas, sino por el deterioro en la percepción pública de transparencia institucional. El hecho de que las empresas bajo sospecha obtuvieran contratos multimillonarios durante una etapa marcada por la emergencia sanitaria agrava el relato mediático y social del caso.
Aunque ni Pardo de Vera ni Herrero están aforados, su vinculación con la causa ha sido hasta ahora indirecta. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente —encargado de la parte del caso que afecta al aforado José Luis Ábalos— ha sugerido a la Audiencia Nacional que valore su imputación formal, al considerar que existen elementos suficientes. El registro de sus viviendas podría ser el paso previo a nuevas citaciones judiciales y una ampliación de la lista de investigados.
Además, Pardo de Vera ya está imputada por otra línea del mismo caso, en relación con la supuesta contratación irregular de la expareja del exministro Ábalos en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, lo que agrava aún más su situación procesal. @mundiario
