El Supremo estrecha el cerco sobre el caso Koldo: la lupa sobre altos cargos del Estado
La investigación del caso Koldo, inicialmente centrada en contratos de emergencia durante la pandemia, ha entrado esta semana en una nueva fase decisiva con la imputación formal de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por parte del Tribunal Supremo. La decisión del magistrado Leopoldo Puente, que instruye esta pieza en la instancia más alta del Poder Judicial, no solo apuntala la gravedad de las sospechas sobre el exdirigente socialista, sino que abre la puerta a una mayor implicación de otros funcionarios del Estado presuntamente vinculados con la supuesta trama de adjudicaciones irregulares en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como titular del ramo.
Con la pérdida del aforamiento tras su renuncia al escaño en el Congreso, Cerdán pasa a estar plenamente a disposición del Supremo como investigado. Esto ha permitido a Puente activar una batería de diligencias, entre las que destaca el rastreo de su patrimonio entre 2014 y 2024, incluyendo cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos e información tributaria. Además, el magistrado ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a clonar la cuenta de correo electrónico corporativa que utilizó Cerdán durante su etapa al frente de la organización del PSOE, en busca de comunicaciones que lo vinculen directamente con la red investigada.
En paralelo, la investigación se extiende hacia otras figuras clave en la administración pública. El juez Puente ha solicitado que se remita a la Audiencia Nacional la parte de la causa relativa a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Aunque no les imputa directamente, considera que existen “indicios consistentes” de que ambos colaboraron con la trama para favorecer determinadas licitaciones siguiendo las directrices que Koldo García, en nombre de Ábalos, les transmitía.
El auto del Supremo se apoya en comunicaciones y grabaciones aportadas por la UCO, entre ellas un mensaje de Herrero que evidencia intentos de “modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones” para incrementar el “control” sobre las adjudicaciones. Pardo de Vera, por su parte, ya estaba siendo investigada en otra línea del caso por la contratación presuntamente irregular de la expareja de Ábalos en empresas públicas, un asunto también en manos del juez Ismael Moreno.
Adjudicaciones de obra pública bajo sospecha
En el plano económico, el magistrado también ha imputado formalmente a cinco empresarios vinculados a compañías beneficiarias de las adjudicaciones bajo sospecha. Entre ellos figuran directivos de empresas como OPR, LIC y Acciona, a quienes la Guardia Civil atribuye haber participado en el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos. Según los cálculos de la UCO, estos pagos podrían ascender a 620.000 euros, con una parte aún pendiente de abono, siempre según la versión que la Guardia Civil ha recabado en sus investigaciones.
Estas imputaciones no son triviales. La decisión de Puente de mantener la causa en el Supremo —al menos mientras Ábalos continúe como diputado del Grupo Mixto— subraya el peso político y penal que se le atribuye al caso. Las pesquisas ya no se limitan a un caso de contratación irregular durante una emergencia sanitaria, sino que apuntan a un supuesto sistema estructural de adjudicaciones amañadas, con una posible red de reparto de comisiones entre altos cargos, asesores políticos y empresarios afines.
El caso Koldo ya no es solo una cuestión de presuntas irregularidades en tiempos de pandemia. Se ha convertido en un caso testigo sobre cómo se gestionan los recursos públicos, la ética de los servidores del Estado y la fortaleza del Estado de derecho frente a la corrupción institucional. Y en ese escenario, el Tribunal Supremo ha asumido con firmeza un papel central. @mundiario
