La mayoría conservadora del Supremo abre la puerta a expandir el poder presidencial de Trump
La vista oral celebrada en el Tribunal Supremo de EE UU sobre el cese de Rebecca Kelly Slaughter, exmiembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC), ha dejado una impresión clara: la supermayoría conservadora parece dispuesta a revisar —o incluso vaciar de contenido— un precedente de casi 90 años que ha protegido la independencia de decenas de agencias federales estadounidenses.
El caso no solo determina si el presidente Donald Trump podía destituir a Slaughter antes de finalizar su mandato legal. En realidad, plantea una cuestión estructural: quién controla el llamado “Estado administrativo” y hasta dónde puede llegar el poder del presidente frente al Congreso en la arquitectura constitucional de Estados Unidos.
En el centro del debate se encuentra la sentencia Humphrey’s Executor v. United States (1935), que estableció que el presidente no puede despedir libremente a los miembros de agencias independientes cuando el Congreso ha fijado causas objetivas para su destitución. Desde entonces, ese criterio ha servido como pilar para preservar decisiones técnicas y regulatorias frente a cambios políticos bruscos.
El Gobierno de Trump sostiene que ese precedente está obsoleto. El abogado del Gobierno, John Sauer, lo calificó como una “excepción indefendible” que ha permitido la creación de un “cuarto poder amorfo”, aislado del control democrático. La mayoría conservadora del tribunal pareció receptiva a este razonamiento, en el que se describió el fallo de 1935 como una “cáscara vacía” incapaz de responder a la realidad actual de unas agencias mucho más influyentes.
Una supermayoría con una visión expansiva del Ejecutivo
Los seis magistrados conservadores —tres de ellos nombrados por Trump— han insistido en que los responsables de las agencias ejercen un poder enorme sobre industrias multimillonarias y libertades individuales sin responder directamente ante nadie. Desde esta óptica, permitir que el presidente los destituya reforzaría la rendición de cuentas democrática.
El presidente del Supremo, John Roberts, subrayó que agencias como la FTC ya no son organismos marginales, sino actores centrales del sistema económico. En su opinión, el diseño institucional de hace 90 años no refleja el peso real que estas entidades tienen hoy.
Este enfoque encaja con una línea jurisprudencial reciente del tribunal, que ha ido ampliando el margen del poder presidencial, como ocurrió en 2024 con el fallo sobre la expansión de la inmunidad presidencial.
Por otro lado, las tres juezas progresistas alertaron de las consecuencias de este cambio. Elena Kagan (Obama) advirtió de que dar la razón a Trump conduciría a una presidencia con “poder masivo, sin control”, capaz de influir no solo en la ejecución de la ley, sino también en su formulación práctica a través del control de los reguladores.
Sonia Sotomayor (Biden) apeló a que ni siquiera los modelos de poder ejecutivo conocidos en la tradición occidental han reconocido una facultad ilimitada para destituir funcionarios protegidos por la ley. Ketanji Brown Jackson (Obama), por su parte, puso el foco en la pérdida de conocimiento técnico si los presidentes pueden reemplazar a expertos por perfiles leales, una preocupación compartida en ámbitos como la salud, la economía o la seguridad industrial.
Impacto sistémico: más allá de la FTC
La decisión podría afectar a unas dos docenas de agencias independientes, desde la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo hasta la Junta Nacional de Relaciones Laborales. También se proyecta sobre otro caso sensible: el intento de Trump de destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal.
Aunque el Supremo ha insinuado que la Fed podría ser tratada como una excepción, el debate revela la fragilidad de ese estatus especial si se desmantela el fundamento legal que ha protegido históricamente la independencia regulatoria.
Además, el alto tribunal también estudia si los jueces pueden reinstaurar en sus puestos a funcionarios despedidos ilegalmente o si la compensación debe limitarse a salarios atrasados, lo que reduciría aún más los frenos efectivos al poder presidencial.
Durante casi un siglo, Estados Unidos ha aceptado un equilibrio peculiar: agencias con cierto grado de autonomía, diseñadas por el Congreso para aislar decisiones técnicas de la presión política directa. El debate actual no es solo jurídico, sino filosófico: si ese modelo sigue siendo compatible con la lectura contemporánea de la separación de poderes.
La supermayoría conservadora parece inclinarse por una respuesta afirmativa al fortalecimiento del Ejecutivo, incluso a costa de romper una tradición arraigada. No se trata únicamente de Trump, como insisten varios jueces, sino de dictar una doctrina “para los tiempos”, válida para cualquier futuro presidente.
Si el Supremo finalmente invalida o vacía el precedente de Humphrey’s Executor, Estados Unidos entrará en una nueva fase de su historia institucional. El presidente ganaría un control directo y sin precedentes sobre organismos que regulan amplios sectores de la vida económica y social.@mundiario
