La ofensiva contra la doble nacionalidad: una ley para imponer la “lealtad exclusiva” a EE UU

El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, propone suprimir la doble ciudadanía y obligar a millones a elegir un solo pasaporte, en un intento de respaldar el endurecimiento migratorio de Trump.
Bernie Moreno, senador republicano de EE UU. / RR.SS
Bernie Moreno, senador republicano de EE UU. / RR.SS

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el debate sobre la doble nacionalidad en Estados Unidos ha pasado de ser una cuestión periférica a situarse en el centro de la agenda legislativa. Esta vez, se presenta la proposición más radical hasta ahora: la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025. Una iniciativa impulsada por el propio senador republicano Bernie Moreno —nacido en Colombia y representante por Ohio—.

Se trata de un proyecto de ley que busca prohibir la doble ciudadanía y obligar a los estadounidenses con dos pasaportes a renunciar a uno de ellos en un plazo de un año. La iniciativa se inserta en un ciclo político marcado por políticas migratorias más duras, relecturas del concepto de ciudadanía y un renovado énfasis en la noción de lealtad nacional.

El proyecto de Moreno parte de un argumento central: la doble ciudadanía puede crear “lealtades divididas” y comprometer los intereses estratégicos de Estados Unidos. Su propuesta contempla un régimen estricto en el que cualquier ciudadano con dos nacionalidades tendría doce meses para comunicar formalmente cuál conservará, mediante una declaración ante el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional.

Si la persona no responde, se asumiría que renuncia a su ciudadanía estadounidense. Además, eliminaría el derecho a mantener la nacionalidad si en el futuro se adquiere otra: la pérdida sería automática.

Estas disposiciones supondrían un cambio radical frente al sistema actual, que reconoce la doble ciudadanía como una condición legal válida y compatible con la lealtad al país. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que la ciudadanía estadounidense no puede retirarse sin una renuncia “voluntaria y consciente”, un punto que abre un debate constitucional de fondo sobre los límites del poder del Congreso.

Varios expertos en derecho anglosajón han señalado que la propuesta de Moreno chocaría con precedentes establecidos y tendría dificultades en superar un escrutinio judicial.

Críticos como la organización Voto Latino han advertido de que la ley afectaría de manera desproporcionada a comunidades con raíces inmigrantes, para quienes la doble nacionalidad constituye un vínculo cultural, familiar y en muchos casos económico.

Además, el impacto no sería menor: aunque no existe un registro oficial, estimaciones académicas sitúan la población estadounidense con doble ciudadanía entre 500.000 y 5,7 millones de personas, mientras que estudios como el citado por Forbes sugieren que hasta el 40% de los estadounidenses serían elegibles para mantener una segunda nacionalidad.

La iniciativa de Moreno se enmarca en una tendencia más amplia dentro del Congreso republicano. Otros legisladores han impulsado proyectos complementarios: la Ley de Divulgación de Lealtad Dual, que obligaría a candidatos a cargos federales a revelar sus otras nacionalidades, y la Ley de Doble Lealtad Descalificatoria, que exigiría renunciar a cualquier ciudadanía extranjera antes de presentarse a elecciones en la Cámara o el Senado.

Aunque estas propuestas no suprimen la doble nacionalidad en sí misma, comparten el mismo razonamiento: reforzar la identificación exclusiva con la nación estadounidense.

El debate llega en un momento de profunda transformación de la política migratoria bajo la Administración Trump. El Gobierno ha paralizado el procesamiento de asilo, visados y naturalizaciones provenientes de países catalogados como “de alto riesgo”, ha ordenado auditorías de expedientes previamente aprobados e incluso ha planteado una “pausa permanente” a la inmigración procedente de países del llamado “Tercer Mundo”.

Las consecuencias prácticas de la ley de Moreno serían amplias y complejas. Afectaría no solo a millones de ciudadanos anónimos, sino también a figuras públicas. Entre ellas, según especialistas citados en la prensa estadounidense, estarían personas del entorno presidencial con doble nacionalidad, como la primera dama Melania Trump y su hijo Barron, o incluso personalidades con perfiles internacionales como el Papa León XIV, cuyos casos ilustran la extensión del fenómeno.

A nivel internacional, la iniciativa abre interrogantes adicionales. Países como España no mantienen tratados de doble nacionalidad con Estados Unidos. Aunque en la práctica muchos ciudadanos conservan su nacionalidad estadounidense pese a renunciar formalmente durante la jura española, la aprobación de una ley de “ciudadanía exclusiva” eliminaría esa ambigüedad. Cualquier adquisición de una segunda nacionalidad —incluso si no implica una renuncia real ante EE UU— podría, bajo la nueva normativa, traducirse en una pérdida automática del estatus ciudadano.

En términos administrativos, la propuesta exigiría la creación de un nuevo sistema federal de registro, verificación y seguimiento de ciudadanías. El Departamento de Estado debería establecer mecanismos para identificar a quienes renuncian o pierden su estatus, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional y el de Justicia tendrían que integrar esos datos en sus sistemas migratorios. Todo ello supone una reconfiguración burocrática que excede con creces las prácticas actuales del Gobierno estadounidense.

El futuro legislativo del proyecto es incierto. Aunque Moreno cuenta con apoyo dentro del ala más conservadora del Partido Republicano y con el respaldo político del presidente Trump, no está claro que exista una mayoría bipartidista suficiente para aprobar una reforma tan amplia y potencialmente polémica. Si llegara a convertirse en ley, enfrentaría casi con certeza desafíos constitucionales en múltiples tribunales. @mundiario

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