Desmantelamiento en marcha: el Supremo de EE UU permite los despidos en el Departamento de Educación
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ofrecido una nueva victoria judicial al presidente Donald Trump al permitir, de forma provisional, que su Administración prosiga con los despidos masivos en el Departamento de Educación. Con una votación de 6 a 3, el alto tribunal ha suspendido temporalmente una orden de un juez federal que obligaba a reinstalar a cerca de 1.400 empleados despedidos mientras continúa el litigio por la legalidad del plan del Ejecutivo para desmantelar la agencia.
El fallo de la Corte responde a una solicitud de emergencia de la Administración Trump, después de que un tribunal de apelaciones rechazara paralizar la orden del juez Myong Joun (Massachusetts) que detenía los despidos. La mayoría conservadora del tribunal decidió permitir que los ceses sigan su curso mientras el caso se resuelve en instancias inferiores.
La jueza Sonia Sotomayor, respaldada por sus colegas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresó una dura disidencia. “Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley y actúa en consecuencia, el Poder Judicial tiene el deber de frenarlo, no de facilitarlo”, escribió. Desde su perspectiva, el Tribunal Supremo ha optado por intervenir prematuramente y permitir al Gobierno continuar un proceso cuya legalidad está aún bajo revisión.
La decisión llega en un momento clave para el ambicioso plan de Trump de reducir significativamente el tamaño del Gobierno federal. En marzo, firmó una orden ejecutiva en la que instruía a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a iniciar el proceso de desmantelamiento de su departamento “en la medida en que sea apropiado y permitido por la ley”.
El plan ya ha tenido consecuencias concretas: la cancelación de múltiples subvenciones y una reducción de plantilla que afecta a cerca de un tercio del personal del Departamento de Educación. Aunque el cierre total de la agencia requiere autorización del Congreso, la administración ha empezado a distribuir sus competencias entre otros organismos.
Uno de los aspectos más relevantes es el futuro del programa de préstamos estudiantiles federales, que administra una cartera de 1.6 billones de dólares y afecta a más de 40 millones de prestatarios. Inicialmente se consideró trasladar esa responsabilidad a la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos, pero documentos judiciales citados por los medios estadounidenses indican que el Departamento del Tesoro asumiría esa función. Ya se ha destinado personal del Departamento de Educación a esta agencia, y las negociaciones contractuales se retomarán tras el fallo de la Corte.
Paralelamente, la Administración ha firmado un acuerdo con el Departamento de Trabajo para transferir la gestión de programas de formación laboral y educación para adultos, junto con un presupuesto de 2.600 millones de dólares. La intención es consolidar un sistema coordinado de educación y empleo a nivel federal.
Un profundo impacto institucional y político
Aunque Trump no ha logrado (aún) el cierre formal del Departamento de Educación, su estrategia se basa en vaciarlo de contenido funcional y redistribuir sus responsabilidades a otras entidades. La medida ha sido celebrada por el presidente como una “gran victoria para padres y estudiantes”, al tiempo que argumenta que representa un retorno de las competencias educativas a los estados.
Sus detractores, sin embargo, advierten de que la medida equivale a una desarticulación de la estructura federal de apoyo educativo sin un plan integral de transición. Desde el sindicato American Federation of Government Employees, que representa a parte del personal despedido, se denuncia que los empleados han estado en licencia administrativa desde marzo sin posibilidad de reincorporación, y que el fallo del Supremo ahora permite completar su destitución definitiva.
El Departamento de Educación ha señalado que su misión final es precisamente facilitar esa transición, y su secretaria McMahon ha reafirmado que el objetivo es “restaurar la excelencia de la educación estadounidense” devolviendo la autoridad a los estados.
El proceso legal aún no ha concluido. El litigio sobre la legalidad de los despidos y la reestructuración de funciones continúa en tribunales inferiores, y podría llegar nuevamente al Supremo en su fase final. Mientras tanto, la Administración tiene vía libre para avanzar en su plan de reconfiguración institucional, aunque enfrentará múltiples retos técnicos, presupuestarios y legales.@mundiario
