Trump se acerca a su objetivo: el Supremo facilita sus despidos masivos en el Gobierno
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado esta semana una nueva victoria al presidente Donald Trump al levantar una orden judicial que impedía temporalmente su plan para ejecutar despidos masivos en más de una veintena de agencias federales. La decisión, aunque provisional, representa un paso clave en la estrategia del mandatario para reducir drásticamente el tamaño del Estado federal y reorganizar su funcionamiento sin necesidad de autorización legislativa previa.
La batalla legal gira en torno a un decreto presidencial firmado por Trump en febrero, que instruía a las agencias a elaborar planes de “reducción masiva de personal”—lo que en la jerga administrativa se conoce como “reductions-in-force” (RIFs). A partir de esta orden, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y la Oficina de Presupuesto (OMB) enviaron directrices a todas las agencias para implementar dos fases de despidos. Varios organismos comenzaron a ejecutar estas reducciones, provocando miles de despidos y desatando una ola de litigios promovida por sindicatos, organizaciones civiles y autoridades locales.
Una jueza federal en San Francisco, Susan Illston, detuvo temporalmente el proceso en mayo al argumentar que el presidente “no puede reestructurar agencias ni suprimir personal a gran escala sin la aprobación explícita del Congreso”. Esa decisión fue luego respaldada por un tribunal de apelaciones, que calificó el decreto como una extralimitación del Poder Ejecutivo. Pero el Gobierno llevó el caso al Supremo y solicitó un alivio de emergencia, alegando que se trataba de una interferencia indebida en las funciones internas del Ejecutivo.
En una opinión breve y no firmada, el Supremo concedió la solicitud del gobierno, concluyendo que “es probable” que el Ejecutivo prevalezca en su argumento de que el decreto y los memorandos que lo implementan son legales. La corte dejó claro que no se pronunciaba aún sobre la legalidad de los planes específicos de despidos o reorganización de cada agencia, ya que el recurso evaluado sólo trataba sobre la suspensión general del decreto presidencial.
El voto mayoritario refleja una interpretación expansiva del Poder Ejecutivo sobre la administración interna del Estado, en línea con la doctrina defendida por el Gobierno: que el presidente tiene facultades inherentes para reorganizar el aparato federal dentro del Poder Ejecutivo sin necesidad de la venia legislativa. Según la fiscalía federal, impedir esta reorganización causaría “un gasto innecesario” al Estado al obligar a mantener en sus puestos a empleados que las agencias consideran prescindibles.
Sin embargo, el fallo también dejó al descubierto la creciente fractura ideológica dentro del Supremo. La jueza Ketanji Brown Jackson emitió una dura disidencia, criticando al tribunal por mostrar una “entusiasta disposición a avalar las acciones legalmente dudosas del presidente en un contexto de urgencia”. La magistrada Sonia Sotomayor, por su parte, aclaró que su voto a favor de la suspensión de la ejecución de la orden inferior no implicaba una aprobación del fondo del asunto, sino que buscaba preservar el debate en instancias inferiores sobre si los despidos se ajustan o no a los límites legales establecidos por el Congreso.
El fallo, aunque temporal, tiene efectos inmediatos: permite a la Administración Trump reanudar los despidos ya planificados y avanzar en la reestructuración de agencias como la clausurada USAID o la desmantelada Oficina de Protección Financiera al Consumidor, entre otras. La Casa Blanca, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuando fue liderado por Elon Musk, ya había delineado un mapa de recortes en varios niveles del Estado.
Mientras tanto, los sindicatos y organizaciones demandantes lamentaron la decisión del Supremo y advirtieron de que pone en riesgo funciones esenciales del Gobierno y miles de empleos sin un debate legislativo abierto. Para ellos, permitir este tipo de reorganización sin intervención del Congreso constituye una amenaza al equilibrio institucional y a la continuidad de los servicios públicos.
El caso volverá a los tribunales inferiores para evaluaciones de fondo, pero con la luz verde otorgada por el Supremo, Trump ya tiene el camino despejado para ejecutar su reforma administrativa más ambiciosa: una drástica reducción del aparato federal, que avanza sin necesidad de pasar por el filtro legislativo.@mundiario
