Trump asesta una nueva victoria en el Supremo: luz verde para deportar migrantes a Sudán del Sur
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado la deportación de un grupo de migrantes detenidos en una base naval en Yibuti hacia Sudán del Sur, un país devastado por la violencia, azotado por la guerra de su vecino del norte y la inestabilidad política. Aunque estos migrantes —provenientes de América Latina y Asia— fueron condenados por delitos en territorio estadounidense, ninguno es originario del país africano.
La medida impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, sin precedentes en la era moderna de EE UU al tratarse de un país en riesgo de guerra, se basa en una interpretación amplia de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.
Con esta sentencia, el Supremo ha reafirmado que el Gobierno federal puede llevar a cabo deportaciones hacia países que no sean el de origen del expulsado, siempre que existan garantías diplomáticas mínimas, como la simple promesa de no someter a los deportados a tortura. Esto fue alegado por el Departamento de Justicia de EE UU, que afirmó haber recibido tales garantías por parte de las autoridades sursudanesas.
El fallo del Tribunal Supremo se produjo en respuesta a una disputa entre el Departamento de Justicia y el juez federal Brian Murphy, quien había ordenado al Gobierno garantizar entrevistas de "miedo creíble" a los migrantes antes de su deportación. Murphy sostenía que el intento de expulsión sin previo aviso violaba derechos procesales básicos y la orden judicial previa.
Sin embargo, la mayoría del Supremo interpretó que una decisión anterior, al suspender la orden de Murphy, invalidaba cualquier aplicación posterior. La jueza progresista Elena Kagan, en una opinión concurrente, señaló que, aunque no compartía el fondo del fallo inicial, no era posible hacer cumplir una orden judicial que ya había sido suspendida por el alto tribunal.
En disenso, las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson criticaron la decisión, afirmando que se estaba permitiendo al Ejecutivo “perseguir fines ilegales” y exponiendo a los migrantes a un riesgo real de tortura o muerte en Sudán del Sur. Además, recordaron que el Departamento de Estado advierte explícitamente sobre los peligros de viajar a ese país.
El caso de los migrantes detenidos en Yibuti
Los migrantes en cuestión fueron trasladados desde Estados Unidos a una instalación militar en Yibuti, en el Cuerno de África, a la espera de ser expulsados a Sudán del Sur. Las condiciones del destacamento, según el Gobierno, eran extremas: calor abrasador, ataques con cohetes y protocolos de seguridad insuficientes. Esto fue parte del argumento para acelerar su traslado definitivo.
El Departamento de Justicia defendió la legalidad de su acción citando “garantías diplomáticas creíbles” de Sudán del Sur y acusó al juez Murphy de obstruir las facultades del Ejecutivo. La Administración Trump argumentó que mantener a los detenidos en ese entorno, mientras se esperaba un proceso adicional, suponía un riesgo para los agentes estadounidenses encargados de su custodia.
El debate sobre las deportaciones a terceros países
Este caso es solo uno de varios esfuerzos de la Administración Trump por ampliar la política de deportaciones, incluso recurriendo a acuerdos con países dispuestos a aceptar migrantes no nacionales. Ya existen precedentes: El Salvador, Costa Rica, Panamá y Kosovo han accedido a acoger deportados desde Estados Unidos.
El conflicto jurídico radica en el alcance del debido proceso y los derechos del migrante frente a las prerrogativas del Ejecutivo. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de actuar con celeridad para proteger la seguridad nacional, los abogados defensores argumentan que deportar personas sin garantizarles ni siquiera el derecho a presentar una solicitud de protección por miedo a sufrir torturas o persecución contradice normas internacionales básicas.
Este episodio se tramitó a través de un canal del Supremo que permite al Ejecutivo solicitar resoluciones rápidas sin audiencias orales. Mediante esta vía, la Administración Trump ha logrado varias victorias clave en su agenda migratoria de forma casi inmediata, incluyendo el fin de programas de protección temporal para casi un millón de migrantes.
Aun así, el alto tribunal ha matizado en ocasiones que incluso los migrantes sujetos a deportación expedita bajo leyes antiguas, como la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, deben tener derecho a notificación y a impugnar judicialmente su expulsión.
Ante todo, el fallo del Supremo no resuelve todas las preguntas, pero sienta un precedente importante: el Ejecutivo puede deportar migrantes a terceros países, incluso sin vínculos previos, si cuenta con garantías diplomáticas mínimas. Para la Administración Trump, se trata de un triunfo operativo y político. Para los críticos, abre una peligrosa puerta a decisiones que podrían vulnerar derechos fundamentales en aras de la agenda migratoria del presidente.@mundiario
