Victoria para Trump: el Supremo de EE UU permite continuar las deportaciones a terceros países
En una decisión que marca un nuevo hito en la agenda migratoria del presidente Donald Trump, el Tribunal Supremo de EE UU autorizó este lunes a su Administración a reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos de los de origen, sin la obligación de ofrecerles previamente la posibilidad de argumentar riesgo de tortura, persecución o muerte. El fallo representa una victoria táctica para la Casa Blanca y una revocación temporal de la orden emitida en abril por un juez federal, que establecía la necesidad de una “oportunidad significativa” para que los afectados pudieran presentar alegaciones basadas en el temor fundado.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora (6-3), resolvió el caso mediante una orden breve, sin firmar ni fundamentar —una práctica habitual cuando se trata de decisiones de urgencia—, aceptando la solicitud del Gobierno de suspender provisionalmente el mandato del tribunal inferior. Esto permite al Ejecutivo implementar su política de deportaciones a terceros países mientras se dirime el fondo del litigio, lo cual podría tomar meses.
La reacción no se hizo esperar. Las tres juezas progresistas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— votaron en contra y presentaron un disenso contundente. En él, Sotomayor acusó al Gobierno de actuar de forma “flagrantemente ilegal” y criticó al Supremo por permitir, en sus palabras, “una recompensa a la ilegalidad gubernamental”. A su juicio, la decisión “socava el principio fundamental del debido proceso”, al permitir que personas sean deportadas sin notificación ni audiencia previa, a lugares donde podrían enfrentar peligros reales.
“La Corte parece considerar más aceptable la posibilidad de que miles sufran violencia en lugares remotos que el riesgo, meramente teórico, de que un tribunal de distrito se haya extralimitado”, escribió Sotomayor. “Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”.
El origen de este enfrentamiento judicial se encuentra en una política del Ejecutivo que busca facilitar la expulsión de migrantes —especialmente aquellos con antecedentes penales— hacia terceros países con los que el gobierno haya establecido acuerdos informales, como Costa Rica, Panamá o incluso Rwanda. Según la Administración, estas deportaciones son necesarias ante la negativa de algunos países de origen de aceptar el regreso de sus ciudadanos. En este caso particular, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que los migrantes en cuestión, con destino a Sudán del Sur, habían cometido delitos como asesinato, incendio intencional y robo a mano armada.
El gobierno insistió ante el Tribunal Supremo en que su procedimiento ya "cumple con el debido proceso" y que el mandato del juez Brian Murphy obstaculizaba una política clave para la seguridad nacional. Desde la Casa Blanca, una portavoz celebró el fallo afirmando que “reafirma la autoridad del presidente para expulsar a criminales ilegales y hacer a América segura de nuevo”.
Sin embargo, más allá de las implicaciones políticas inmediatas, la decisión del Supremo también ilustra el creciente desequilibrio ideológico dentro del tribunal. Mientras el bloque conservador optó por no justificar públicamente su voto, el sector progresista recurrió a términos inusualmente duros para expresar su desacuerdo. La crítica de Sotomayor no solo se dirige al Ejecutivo, sino al propio tribunal, al que acusa de utilizar su poder para facilitar una política que, en su opinión, vulnera derechos básicos.
El fallo también tiene implicaciones prácticas inmediatas: permite que la Administración reanude deportaciones a países que no son el lugar de origen del migrante, sin necesidad de notificación previa o evaluación individual del riesgo, lo cual podría acelerar significativamente los procesos de expulsión en el corto plazo.
A nivel judicial, el caso continúa en trámite y podría volver al Supremo en el futuro para un análisis más profundo sobre su constitucionalidad. Por ahora, sin embargo, el Gobierno ha ganado margen de maniobra para implementar su visión más estricta de la política migratoria.@mundiario
