El Servicio Migratorio de EE UU suspenderá a más de 13.000 empleados el 30 de agosto
La escasez financiera ha llegado a los órganos estatales de Estados Unidos. Con un Gobierno que ha estimulado la economía nacional por la vía de la liquidez y la reanimación fiscal de la actividad productiva de las empresas y el consumo, los flujos de capitales se han redireccionado y concentrado en los mercados de valores, las corporaciones y los grupos de poder que conforman la élite que controla Washington.
Y es que a once días de vencer el plazo, el servicio de inmigración estadounidense anunció este miércoles que se prepara para enviar a casa a unos 13.400 empleados y agentes con licencia administrativa si el Congreso no aprueba una partida presupuestaria de emergencia por $1.200 millones.
Esto implica que si no se aprueba un proyecto para destinar la partida presupuestaria correspondiente al USCIS (Servición de Inmigración y Ciudadanía), entonces el flujo de caja y la liquidez interna de ese sistema público se descapitalizará y no podrá pagar la fuerza de trabajo que gestiona los trámites de asilo, residencia y beneficios estatales migratorios que provee ese organismo.
El propio organismo dijo que la crisis fue advertida en mayo cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) solicitó dinero al Poder Legislativo para costear su funcionamiento hasta finales del año fiscal 2020 (30 de septiembre). “De no hacerlo, USCIS se verá en la necesidad de despedir a 13.400 empleados de un total de 18.700, el equivalente al 70% del total”, dijo en un comunicado.
Por lo tanto, esta medida podría representar una pérdida estimada de más 40 millones de dólares en salarios que dejarán de ser pagados a esos empleados, lo que dejaría en graves situaciones de presión socioeconómica a más de 13.000 nuevos estadounidenses sumados a la franja poblacional situada en el umbral del desempleo, que asciende al 4,4% debido al impacto de la pandemia de coronavirus.
Tras una reunión entre funcionarios de la USCIS y miembros del Comité de Asignaciones del Senado a finales de julio, se llegó a un acuerdo para evitar las suspensiones administrativas y que la agencia federal siga respondiendo a la solicitud de servicios migratorios disponibles, según reseñó la cadena Univisión.
Entonces, podría generarse un colapso administrativo en el sistema de organización de los procesos migratorios debido a las políticas restrictivas del presidente Donald Trump y el sesgo político de su Gobierno con respecto al financiamiento que por ley le corresponde al USCIS. @mundiario
