El PP redobla su apuesta energética tras tumbar el decreto antiapagón: la estrategia nuclear
El rechazo del Partido Popular al Real Decreto-ley 7/2025, conocido como el “decreto antiapagones”, ha marcado un punto de inflexión en la política energética española. Aunque la medida fue criticada desde distintos frentes por su falta de consenso y escasa negociación, la decisión del PP de votar en contra —pese a coincidir con el 90 % de su contenido— ha encendido las alarmas tanto en el sector eléctrico como en la industria nacional.
En respuesta, el principal partido de la oposición ha anunciado una proposición de ley propia que, además de recoger buena parte de las medidas derogadas, incorporará una de sus grandes banderas energéticas: la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares.
Este giro estratégico evidencia cómo el PP ha optado por asumir un riesgo político elevado a cambio de asestar una última derrota al Gobierno en el Congreso y de consolidar su propuesta alternativa en materia energética, buscando satisfacer a su electorado y marcar distancias con la gestión del Ejecutivo. A cambio, sin embargo, ha recibido duras críticas por parte de empresas del IBEX 35, asociaciones industriales y patronales energéticas, que advierten de un impacto inmediato en la inversión, los precios y la estabilidad del sistema.
La nueva proposición de ley del PP, que se presentará en septiembre, mantendrá buena parte de los elementos técnicos del decreto que tumbó: incentivos fiscales a la eficiencia, inversión en redes de distribución y bonificaciones a las industrias electrointensivas. Sin embargo, el gran elemento diferenciador será la apuesta por frenar el apagón nuclear.
Génova quiere incorporar a su texto medidas que permitan extender la vida útil de los siete reactores nucleares españoles, comenzando por Almaraz, prevista para cerrar en 2027. Una demanda que coincide con la posición de eléctricas como Iberdrola o Endesa, que ya remitieron una carta al Gobierno solicitando esta prórroga hasta 2030. Según el PP, el cierre planificado es “innecesariamente anticipado” y su mantenimiento puede ser clave para garantizar el suministro y contener los precios.
Posibles apoyos parlamentarios y apertura al diálogo
La estrategia popular se orienta no solo a satisfacer a su base, sino también a tejer una mayoría parlamentaria alternativa. La dirección del PP está convencida de que puede sumar a partidos como Junts, ERC o incluso el PNV, siempre que Vox quede al margen del pacto y se incluyan elementos de transición verde que estos grupos defienden. La idea no es derogar la política energética del Gobierno en su conjunto, sino construir una alternativa que conjugue estabilidad, competitividad industrial y neutralidad tecnológica.
En ese sentido, el partido de Alberto Núñez Feijóo buscará alianzas con sectores empresariales y formaciones dispuestas a replantear el calendario de cierre nuclear, sin abandonar el impulso a las energías renovables ni la modernización de las redes eléctricas.
La votación en contra del decreto ha tenido consecuencias tangibles. La caída en Bolsa de compañías energéticas como Iberdrola (-4,69 %), Endesa (-3,6 %) o Redeia (-3,16 %) fue interpretada por los mercados como una señal de inestabilidad regulatoria. Las patronales eléctricas y renovables han calificado la decisión como un “error grave”, al tratarse —en su opinión— de una norma “eminentemente técnica”, necesaria para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico.
También la gran industria ha reaccionado con inquietud. La asociación AEGE advirtió de que la no convalidación del decreto supondrá un encarecimiento del 5 % en la tarifa eléctrica para empresas como ArcelorMittal, Acerinox o Carburos Metálicos, aumentando la brecha de competitividad con países como Alemania o Francia. En ese contexto, tanto el sector eólico como el fotovoltaico piden que el Parlamento retome con urgencia el debate y legisle una solución consensuada.
Septiembre: el mes clave para el nuevo rumbo energético
El Gobierno ha acusado al PP de “irresponsabilidad” por bloquear una medida que, según la vicepresidenta Sara Aagesen, “garantizaba el suministro y daba seguridad al sistema”. Feijóo, por su parte, sostiene que el rechazo demuestra el “colapso del Gobierno”, al no haber sido capaz de articular una mayoría suficiente ni de negociar con los partidos de la oposición una norma tan estratégica.
El próximo periodo de sesiones será decisivo para definir si España corrige el vacío regulatorio dejado por la derogación del decreto antiapagones. El PP pretende liderar la iniciativa parlamentaria con una propuesta que pueda aglutinar apoyos diversos, incluyendo partidos nacionalistas y socios críticos del Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo no descarta presentar un nuevo decreto con concesiones adicionales, aunque aún no ha anunciado fecha concreta. @mundiario
