El rechazo al decreto antiapagón deja en vilo 3.000 millones de inversión verde

El rechazo del Congreso al Real Decreto-Ley 7/2025 no es una simple anécdota parlamentaria. Es, en realidad, un terremoto regulatorio con réplicas económicas, industriales y geopolíticas que aún no hemos comenzado a calcular. La negativa de PP, Podemos y Junts a convalidar la norma ha roto la hoja de ruta que el Gobierno diseñó para estabilizar el sistema eléctrico, desbloquear la inversión verde y aliviar la carga energética de una industria que ya sangra por los aranceles de Trump. El resultado: 3.000 millones de euros en inversiones renovables amenazadas y una factura eléctrica que subirá hasta un 12% para las industrias electrointensivas. Todo por razones que, en muchos casos, poco tienen que ver con la energía.

En su arquitectura técnica, el decreto antiapagón no era una ocurrencia ideológica ni una maniobra de marketing. Era la respuesta a una urgencia: evitar que se perdieran los permisos para 5 GW en proyectos fotovoltaicos y eólicos que están a punto de caducar. Empresas y consultoras especializadas lo advertían con claridad en los días previos: si no se convalida, el sector renovable se paraliza, se ejecutan avales, y los inversores internacionales se van. El mensaje era claro. Pero el ruido político ha ahogado cualquier posibilidad de consenso.

El Partido Popular ha argumentado que no puede respaldar una norma mal diseñada, en la que no ha habido ceses tras el apagón de abril que, según ellos, mezcla temas sin un hilo conductor coherente. Sin embargo, según señala el diario El País, muchos expertos y representantes del sector reconocen que técnicamente el texto era sólido. Que resolvía cuellos de botella regulatorios, que facilitaba la conexión a red, que abría la puerta al almacenamiento, a los centros de datos y al coche eléctrico. ¿No es eso política energética con visión?

Una oportunidad perdida para Galicia y Cataluña

Más allá de los titulares nacionales, el impacto del rechazo al decreto es especialmente dramático en territorios como Galicia y Cataluña. El texto incluía disposiciones para proteger proyectos renovables judicializados en estas comunidades, cuyas inversiones están en punto muerto.

En Galicia, la parálisis amenaza con ahondar aún más la desindustrialización. En Cataluña, se frena el desarrollo de uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon en energías limpias. Y no es casualidad: allí donde hay desarrollo verde, hay desarrollo económico. Pero ahora hay inseguridad jurídica.

El precio de la luz como castigo a la industria

La industria española, especialmente la electrointensiva, no solo perderá inversión, sino competitividad. La factura eléctrica para estas empresas subirá entre un 3% y un 12%, justo cuando luchan por sobrevivir a la competencia global y a los aranceles proteccionistas. El decreto preveía una bonificación del 80% de los peajes eléctricos, una medida que daba aire a las fábricas en regiones golpeadas por la despoblación. Su retirada supone, literalmente, un sobrecoste diario que algunas no podrán asumir.

Desde Génova aseguran que presentarán una nueva ley mejorada, pero las urgencias del mercado no esperan. El hito administrativo que vence este jueves 24 de julio puede provocar la pérdida irreversible de proyectos. Ni las promesas ni los comunicados calman a los inversores que ya se replantean su presencia en España. El riesgo reputacional y financiero es tan alto como evitable.

Lo que ha ocurrido con el Real Decreto-Ley 7/2025 es otro síntoma de una enfermedad crónica: la politización de la energía. Cuando las decisiones energéticas se toman no por criterios técnicos, sino por cálculos electorales, pierde el país entero. Pierde el clima, pierde la industria, pierde la inversión. Y ganan los que apuestan por el colapso del sistema para sacar rédito partidista. En plena transición energética, España no puede permitirse ese lujo. Porque sin reglas claras, sin estabilidad, no hay ni transición ni futuro. Solo más apagones. Y esta vez, también económicos. @mundiario