Expertos de la ONU instan a México a anular la prisión preventiva obligatoria

Fachada de una cárcel. / Pixabay
Fachada de una cárcel. / Pixabay

El artículo 19 de la Constitución de México obliga a los jueces a imponer una medida cautelar, la cual es catalogada por la ONU como una violación de los derechos humanos.

Expertos de la ONU instan a México a anular la prisión preventiva obligatoria

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, una agrupación conformada por cinco miembros especialistas en derechos humanos, pidió este lunes a México que anule urgentemente la prisión preventiva obligatoria, una medida que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha exigido mantener en aras de la seguridad.

“La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”, declaró Miriam Estrada-Castillo, presidenta del Grupo de especialistas, quien sostiene que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité contra la Tortura (CAT) han adoptado conclusiones similares.

La medida está contemplada dentro de la Constitución de México, la cual indica que los jueces deben imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos, sin embargo, la experta considera que este artículo condujo a “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”. Además, manifiesta que aunque está establecida por la ley, eso no significa que no sea arbitraria.

Una violación de los derechos humanos

Estrada-Castillo dijo que muchos mexicanos han pasado “más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”.

Ante esta situación, el Grupo de Trabajo ha determinado que la prisión preventiva obligatoria pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, las cuales fueron asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, los expertos consideran que anular esta medida obligatoria “no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario”.

No obstante, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación de México, señaló a finales del mes de agosto que las convenciones internacionales no pueden estar por encima de la Constitución. @mundiario

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