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Capriles: “Quedarse de brazos cruzados solo le conviene a Maduro”

El dilema de la compleja crisis de Venezuela ahora se basa en participar en unas elecciones amañadas y justificar al chavismo o mantener la estrategia de presión para desgastar al régimen de Maduro, aunque conlleve mucho tiempo.
Capriles: “Quedarse de brazos cruzados solo le conviene a Maduro”
El dirigente y ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, y el presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro / El Nacional.
El dirigente y ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, y el presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro / El Nacional.

La crisis económica y sanitaria en Venezuela agravada por la pandemia de coronavirus, ha sido eclipsada por la tensión que en las últimas dos semanas ha tenido el sistema político de un país en el limbo del poder, un poder ejercido de facto por el régimen de Nicolás Maduro, que ya es un autoritarismo y va camino a convertirse en un totalitarismo que podría condicionar el sistema de vida de la sociedad venezolana de forma indefinida.

Y es que el dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles rechazó este pasado domingo la supuesta pretensión del presidente (de facto) Nicolás Maduro de “diseñar una oposición a su conveniencia”, en el marco de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, por lo que anunció que decidió "dar un paso al frente".


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De esta forma, se abrió un verdadero cisma en la oposición, que ahora está más atomizada que nunca por el dilema de recurrir a la vía electoral o apostar por la vía de la presión multidimensional con el objetivo de derrocar al régimen chavista. En la heterogénea oposición venezolana existen al menos cuatro alas o sectores, cuya falta de congruencia, cohesión y consenso son el origen de la inacción e inamovilidad política de ese grupo, lo cual ha contribuido directamente a que el chavismo consolide su posición en el complejo sistema de poder con el cual controla el país según sus designios.

"Nos negamos a la pretensión de los usurpadores de Miraflores (sede de Gobierno) de construir una oposición a su conveniencia, esa es otra de las razones por las que hemos decidido dar un paso al frente, cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo", dijo Capriles en un comunicado difundido la noche del pasado domingo.

Esto implica que la estructura financiera y de influencia política con la que el régimen chavista ha configurado y diseñado a sus propios rivales, es el factor que pudo haber dado origen al presunto fraude electoral con el cual Maduro resultó victorioso en las elecciones presidenciales de 2018 para un segundo mandato de seis años más, justo en medio de una crisis económica, social, sanitaria y humanitaria que suma seis años por la omisión y negligencia de su gobierno.

"Hay que impedir que se cierren todas las puertas, que terminen con las posibilidades de buscar un nuevo escenario político para ese cambio que todos queremos", añadió.

Una oposición dividida en cuatro

Precisamente, las divergencias en la oposición favorecen las posiciones del chavismo en el complejo tablero político venezolano: por un lado, está la oposición que se autodenomina “moderada”, pero que mantiene una postura basada en cohabitar con el régimen (liderada por dirigentes como el exchavista Henri Falcón, Claudio Fermín y Javier Bertucci). 

En la otra cara de la moneda está la facción radical de Juan Guaidó, simbólico presidente interino de Venezuela, que apuesta por la estrategia de las sanciones, la presión y la ruptura del sistema de poder mediante el convencimiento político con garantías legales al sector militar para declinar de su respaldo a Maduro; en tercer plano está la facción aun más radical de María Corina Machado, quien también apuesta por la presión y la vía militar, pero no interna, sino mediante lo que ella propone como una “operación de paz y estabilización” creada por una coalición multinacional que disuada al régimen a entregar el poder con EE UU a la cabeza; y por último, está la facción de Henrique Capriles, que ve en las elecciones una forma de no cederle espacios de poder al régimen para que este no controle el Estado de forma totalitaria, aunque en la práctica, el Parlamento ha sido anulado por el Gobierno a través del bufete jurídico en el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a las órdenes de Maduro. 

El pasado miércoles, Capriles se desmarcó del llamado a boicot a las elecciones legislativas que hizo el jefe del Parlamento, el líder opositor Juan Guaidó -reconocido por 55 países como presidente encargado-, y pidió “aprovechar la rendijita de oportunidad” que, a su juicio, abren las elecciones para presionar a Maduro en el plano político.

La inviabilidad de la estrategia de Capriles

La propuesta de Capriles se basa en no permitir que el régimen vuelva a hacerse con el control del último poder que, de dominar plenamente, podría utilizar para gobernar el país por decretos y leyes impuestas con la fuerza del Estado para, posiblemente, prolongar sus prerrogativas de Gobierno, aprobar medidas económicas de mayor control e intervención estatal, establecer más mecanismos de dominio sobre los cuerpos militares y policiales, y consolidar su aparato institucional con un control aun más férreo de las instituciones del Poder Público: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General y la Fiscalía.

"Esta es la posición que hemos decidido tomar. Y lo hacemos con pleno entendimiento de sus consecuencias y del peso político de lo que algo así implica", dijo al respecto este domingo. "Eso sí, la invitación a cada una de las fuerzas democráticas del país sigue abierta, para abrir caminos de lucha donde hoy no existe ninguno", prosiguió.

Sin embargo, la ruta que plantea el dirigente y ex gobernador del estado de Miranda podría llevar a la oposición hacia un vacío político en el que, ante el reforzado sistema electoral diseñado por el chavismo para garantizar su ventaja estadística y logística sin importar las bases de votantes o las campañas de los candidatos, si Capriles y su nueva plataforma de partidos proelecciones (Alianza para el Cambio) llegan a perder, entonces entrarán en un limbo absoluto donde, aunque ganasen escaños en el Parlamento, el régimen cuenta con la maquinaria política e institucional para asegurarse de dominar el monopolio de apoyos a leyes que decida crear a su medida política.

“Quedarse de brazos cruzados (en alusión al llamado a abstención propuesto por Guaidó y respaldado por 27 partidos opositores), solo será conveniente para Maduro”, a quien Capriles considera que “usurpa el poder”, recalcó el ex contendiente presidencial de Hugo Chávez en los comicios de 2012 y de Maduro en los de 2013.

El dilema de la falsa democracia en Venezuela

Esa dicotomía entre participar en unas elecciones potencialmente amañadas otorgando legitimidad artificial a un régimen que busca darse ese barniz pseudo-democrático para justificar su permanencia en el poder pese a la crisis, y por el otro lado, no participar sino alinearse con una estrategia política externa basada en la presión diplomática-financiera para tratar de descomponer a un sistema autoritario consolidado en el monopolio de la fuerza militar y de las armas del Estado, es lo que mantiene el juego trancado en la estrategia de la oposición para materializar una transición, y al mismo tiempo mantiene cerrado ese ajedrez infinito donde el Gobierno de Maduro existe y persiste en el poder sin contrapesos, sin límites legales y sin contención de su intervención absoluta en una economía devastada por la hiperinflación, el colapso del petróleo, la devaluación monetaria, las sanciones de EE UU, la corrupción y la negligencia. 

No obstante, la ruta de Capriles para recuperar un espacio de poder (la Asamblea Nacional) que fue neutralizado por la vía jurídica desde el Gobierno chavista y el TSJ contra la oposición pese a que esta controla el Parlamento desde su victoria en las elecciones de 2015, se muestra incierta debido a que sobre el dirigente, dos veces candidato a la Presidencia de la República y exgobernador de Miranda (estado cercano a Caracas y una de las regiones más importantes del país) pesa una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos, impuesta en abril de 2017 bajo acusaciones de "ilícitos administrativos" por presuntos hechos de corrupción y extracción ilegal de fondos del presupuesto durante su gestión en la Gobernación de Miranda, una medida restrictiva que el régimen de Maduro logró imponerle mediante su influencia política-financiera en la Contraloría General de la República, lo cual le impidió postularse por tercera vez como candidato a las elecciones presidenciales de 2018, que Maduro prediseñó para adjudicarse la reelección y consolidar su poder totalitario hasta la fecha. @mundiario