La Fiscalía exige una profunda investigación del encubrimiento de la Iglesia en casos de abuso infantil
La Fiscalía General del Estado ha hecho un llamado contundente para que se investigue a fondo la responsabilidad de la Iglesia católica en casos de abuso infantil perpetrados por miembros de la institución. En su informe anual, la Fiscalía insta a los fiscales superiores de toda España a que consideren "la extensión de las acusaciones" a los líderes religiosos, incluyendo obispos, cardenales y superiores de órdenes religiosas, quienes podrían haber estado involucrados en el encubrimiento de estos crímenes.
Es la primera vez que el ministerio público incluye un apartado en su memoria anual para abordar el tema de los abusos en el ámbito eclesiástico y ofrece recomendaciones legales específicas. Entre estas recomendaciones se encuentra la necesidad de determinar de manera precisa la compensación económica en concepto de responsabilidad civil que la jerarquía religiosa podría deber a las víctimas. Esto debe incluir la reparación por daños morales y psicológicos.
La Fiscalía también señala la falta de información disponible sobre este problema y la importancia de que las víctimas reciban el respaldo adecuado por parte del ministerio público. El informe establece: "La Fiscalía General del Estado ha asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad, como son los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en contextos religiosos".
En casos penales anteriores contra miembros de la Iglesia por abusos sexuales a menores, el encubrimiento por parte de la institución rara vez se consideraba un delito. Aunque muchas víctimas relataban actos de encubrimiento, los responsables religiosos generalmente no eran acusados por esta conducta y, por lo tanto, no se enfrentaban a juicio. En España, ningún obispo ha sido juzgado como acusado de encubrir a un pederasta, y solo en una ocasión un arzobispo lo hizo como testigo. Se ha documentado que al menos 75 obispos y líderes religiosos han sido acusados de encubrir, silenciar o encerrar casos de abusos en las últimas décadas.
Además, en las sentencias judiciales, rara vez se nombra a la diócesis o a la orden religiosa a la que pertenece el acusado como responsable civil subsidiaria de la compensación económica. De las 48 sentencias registradas, solo en cuatro de ellas se menciona esta responsabilidad civil subsidiaria.
La actuación de la Fiscalía General en relación con los abusos en la Iglesia comenzó en enero del año pasado, después de que El País entregara al Vaticano y al presidente de la Conferencia Episcopal Española un dossier con 251 casos de pederastia. Esto llevó a la institución a realizar una investigación interna a principios de 2022. La investigación corroboró que la Iglesia continuaba encubriendo los casos de abuso que conocía y que el principal problema era la falta de transparencia y la inacción.
La Fiscalía solicitó a las fiscalías superiores de toda España que remitieran todos los procedimientos penales relacionados con agresiones y abusos sexuales a menores en contextos religiosos. Se identificaron 68 procedimientos abiertos, aunque no se especificó cuántos involucraban a la Iglesia católica.
El primer análisis de estos casos, según la memoria de la Fiscalía, reveló la dificultad de rastrear los procedimientos judiciales debido a la falta de registros claros en las aplicaciones de gestión procesal, ya que estas no incluyen información sobre la profesión del acusado ni su relación con la víctima. También se enfatizó la necesidad de dar audiencia a las víctimas durante la investigación y notificar de manera directa y comprensible cualquier archivo de las diligencias de investigación, permitiendo la posibilidad de presentar una denuncia ante el juzgado de instrucción.
En julio del mismo año, la Fiscalía decidió abrir un expediente de seguimiento en su Secretaría Técnica para comprender completamente el alcance y los resultados de las investigaciones penales en curso y coordinar la actuación en todo el territorio nacional. Esta medida llevó a la solicitud de las fiscalías superiores de proporcionar información trimestral sobre este tipo de procedimientos.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha recibido un total de 167 casos de las fiscalías superiores, que incluyen 61 diligencias de investigación, 86 diligencias previas y 20 sentencias condenatorias. La memoria señala que los datos son parciales debido a la dificultad de localizar estos procedimientos en los archivos y al espacio temporal limitado de la documentación enviada. Del total de casos, el 65% ocurrió después del año 2000.
La memoria también resalta que las denuncias no se presentan solo en las fiscalías territoriales o los juzgados, sino también en las oficinas de asistencia a las víctimas de las diócesis españolas. En respuesta a esta situación, la Fiscalía solicitó a las diócesis toda la información posible sobre los testimonios proporcionados por posibles víctimas.
Sin embargo, la respuesta de las diócesis fue limitada. Menos de la mitad de los obispados respondieron a la solicitud, y la mayoría de ellos proporcionaron respuestas estándar, alegando que no tenían casos pendientes en procesos canónicos y remitiéndose a lo que ya se había enviado a las fiscalías provinciales.
La falta de una base de datos oficial ha llevado a que El País a contabilice un total de 1.021 acusados de abuso dentro de la Iglesia y 2.190 víctimas. @mundiario
