Los peruanos están en riesgo debido al envenenamiento del agua con sustancias tóxicas
El relator especial de la ONU presentará un informe completo con sus hallazgos y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y saneamiento, señala que más de diez millones de peruanos, es decir, el 31,15% de la población, ingiere tóxicos como metales pesados en el agua que bebe. El funcionario visitó el convulsionado país andino y llamó al gobierno a atender el problema que plantea ese envenenamiento debido principalmente a la minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras.
“He tratado de analizar los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento más allá de la coyuntura”, manifestó Arrojo-Agudo, quien explicó que los problemas tienen su raíz en acciones y omisiones a lo largo de décadas.
El experto considera que “más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca (una localidad del norte de Perú), que revelan metales pesados en el 100% de sus pobladores”.
Sin embargo, añadió que la inacción de la Autoridad Nacional del Agua, que niega las evidencias de contaminación tóxica, ha dado lugar a una gran desconfianza de la población en las instituciones públicas.
Precepto incumplido
Para Arrojo-Agudo la Constitución de Perú se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para el consumo humano sobre cualquier otro uso, sin embargo, este precepto se incumple a menudo.
De hecho, agregó que hubo dificultad para acceder a análisis independientes sobre la presencia de contaminantes. Ante esta situación, explicó que “es necesario cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo por un enfoque ecosistémico sostenible y basado en los derechos humanos”.
Por ello, recomienda activar con urgencia la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales con adecuada financiación, generar una ley que enfatice en la gestión sostenible de los acuíferos subterráneos con participación de la sociedad civil, clausurando pozos ilegales y evitando nuevas concesiones que agraven la insostenibilidad, además de priorizar la satisfacción de los abastecimientos de agua potable de forma continua y permitir la investigación y monitoreo independiente y transparente de la posible contaminación tóxica de abastecimientos y análisis epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública. @mundiario
