La Fiscalía de Medio Ambiente cuestiona la normativa de perros peligrosos en la ley de bienestar animal
A pesar de que se había previsto eliminar la lista de razas peligrosas, un último cambio en la tramitación ha dejado a los propietarios de estos canes en vilo.
La tramitación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales ha experimentado un giro inesperado en relación a los perros potencialmente peligrosos, un tema que ha generado confusión tanto entre los dueños de estos animales como en las autoridades encargadas de su regulación. Esta nueva normativa, que entró en vigor el 29 de septiembre, había suscitado expectativas al contemplar la eliminación del listado de razas consideradas peligrosas, sustituyéndolo por pruebas de sociabilidad para evaluar a cada perro de manera individual. Sin embargo, en el último momento de su tramitación, este cambio fue descartado.
Estos vaivenes legislativos han dejado perplejos a los propietarios de perros potencialmente peligrosos, quienes ahora deben mantener a sus animales con bozal incluso en parques caninos, sujetos a correa corta, además de contar con un seguro obligatorio y una licencia. Incluso el área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado ha recibido consultas verbales y escritas de las policías locales de algunos municipios y fiscales especializados en la materia, buscando orientación sobre cómo actuar después de la entrada en vigor de la ley hace más de dos semanas.
Con el objetivo de aclarar la situación, Antonio Vercher, fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ha emitido un comunicado dirigido al resto de fiscales y fuerzas de seguridad. En este documento, Vercher expresa su preocupación por la "situación de inestabilidad" que ha surgido debido a los cambios en la norma. Mientras la ley se aprobaba en marzo, el Ministerio de Derechos Sociales había afirmado que el reglamento de desarrollo futuro de la ley eliminaría el listado de razas peligrosas, reemplazándolo por pruebas de sociabilidad. Ante la "cierta confusión" generada, el área que Vercher supervisa ha elaborado el comunicado para aclarar las dudas que han surgido.
El fiscal coordinador, tras revisar la legislación actual sobre perros potencialmente peligrosos, insta a los representantes del Ministerio Público a proceder “tal y como se ha venido haciendo” desde enero de 2015, cuando emitió unas instrucciones que cambiaron la forma en que se abordaban los ataques de estos canes a otros animales y seres humanos. Hasta ese momento, los fiscales solían considerar como una falta los ataques cuando los perros potencialmente peligrosos no estaban debidamente atados. Sin embargo, a partir de la fecha, estos ataques se consideraron un delito, lo que podría acarrear penas de entre uno y dos meses de cárcel para los dueños. En ese momento, Vercher justificó el cambio debido al aumento de este tipo de hechos en España.
En espera del nuevo Gobierno
El reglamento futuro que desarrollará la ley, eliminando la clasificación de razas potencialmente peligrosas, se encuentra en espera de la formación del nuevo Gobierno. La modificación de la lista de razas peligrosas dependerá del equipo que finalmente esté a cargo de la Dirección General de Derechos de los Animales, que hasta ahora estaba bajo la órbita del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Unidas Podemos.
El actual director general, Sergio García Torres, argumenta que el listado de razas peligrosas se modificará cuando se apruebe el reglamento, ya que la legislación actual estigmatiza a ciertos canes a pesar de no existir una base científica para asociar agresividad con determinadas razas. En cambio, existen individuos violentos que pueden pertenecer a cualquier tipo de raza, incluso si no están clasificadas como peligrosas.
A pesar de que los veterinarios y profesionales del sector están de acuerdo con la idea de eliminar la estigmatización de razas, surge la incertidumbre sobre cómo se determinarán los perros conflictivos y en qué consistirá el test de sociabilidad propuesto en el anteproyecto. Todo esto se da en medio del temor que generan estos animales, que hace que muchas personas crucen de acera al verlos acercarse, a pesar de que lleven el bozal y la correa reglamentaria.
En su comunicado, Vercher reconoce que los planteamientos en favor de eliminar la estigmatización de ciertas razas son "muy loables" y están respaldados por "lógica y sentido común". Sin embargo, advierte sobre los posibles resultados prácticos adversos que podrían surgir en caso de ataques a otros perros o a seres humanos. @mundiario
