Vox intenta arrastrar al PP a una cruzada sobre identidad y religión
La decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir el uso de instalaciones deportivas municipales para celebraciones religiosas musulmanas ha trascendido su alcance local y se ha convertido en un arma política para Vox. El partido de Santiago Abascal ha presentado esta medida como un “logro” y un ejemplo de su compromiso por “proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida”.
Aunque el veto aprobado, con enmiendas del PP, no prohíbe la celebración de festividades musulmanas en la vía pública —solo en instalaciones deportivas municipales—, Vox lo ha usado para reforzar su discurso contra el islamismo y para proyectar una imagen de firmeza en cuestiones identitarias. Abascal, que hasta ahora no se había pronunciado, ha aprovechado la ocasión para lanzar mensajes de alto impacto: “España no es Al Ándalus” y “queremos que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España”.
Lo ocurrido en Jumilla forma parte de una estrategia más amplia. Vox ha llevado mociones similares a parlamentos autonómicos y al Congreso, reclamando la prohibición del velo islámico y de cualquier vestimenta asociada al islam en todos los espacios públicos, desde escuelas y universidades hasta hospitales o parques infantiles.
La propuesta no distingue entre el hiyab —un pañuelo que cubre cabello y cuello— y prendas como el niqab o el burka, que sí han sido vetadas en varios países europeos por motivos de seguridad. El planteamiento de la ultraderecha, sin embargo, no se basa en razones de seguridad ni en la neutralidad religiosa, sino en su convicción de que el islam es “incompatible” con la identidad nacional española.
Esta posición choca con el marco legal vigente. El islam está reconocido oficialmente en España desde 1989 como religión de “notorio arraigo” y el Estado firmó en 1992 un acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España que reconoce su “relevante importancia en la formación de la identidad española”.
¡Sí! Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión...
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2025
Porque no estamos ante un debate sobre la…
Arrastrar al PP o ponerlo frente al espejo
Más allá del contenido concreto de la moción de Jumilla, el valor político para Vox reside en cómo coloca al Partido Popular ante una disyuntiva: apoyar medidas que endurecen el discurso identitario y arriesgarse a ser acusado de radicalizarse, o mantener una postura más moderada y exponerse a ser acusado de tibieza.
En la práctica, Vox utiliza estos debates para marcar el ritmo de la agenda y obligar al PP a definirse en cuestiones culturalmente sensibles. La estrategia ya se ha visto en el Parlament de Cataluña, donde el PP se abstuvo ante una iniciativa similar, argumentando que apoyaría una prohibición limitada al burka y al niqab, pero no a cualquier vestimenta islámica.
La moción de Jumilla representa un giro cualitativo en la narrativa de Vox: ya no basta señalar a la inmigración por su impacto en la seguridad o los servicios públicos, se centra exclusivamente en las creencias religiosas como factor de incompatibilidad cultural. Esto abre un nuevo frente de confrontación ideológica que, para el partido, resulta más eficaz a la hora de movilizar a sus bases y tensionar a sus competidores en la derecha.
El propio Abascal ha afirmado que “quienes pretendan demonizarnos por ello se encontrarán frente a frente con millones de españoles que ya se han hartado de pagar con sus impuestos la invasión que promueven el PP y el PSOE”. Este marco retórico mezcla referencias históricas, identidad nacional y rechazo a la diversidad cultural para cimentar un relato de resistencia frente a lo que describen como “islamización”.
