Sánchez Acera desvincula a La Moncloa de la filtración del correo del novio de Ayuso
La exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo para declarar como testigo en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Ambos están siendo investigados por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía haber cometido delitos fiscales.
Según fuentes jurídicas, Sánchez Acera aseguró ante el juez que recibió la información a través de la prensa y que posteriormente la reenvió al exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, sin que desde Moncloa se le diera ninguna instrucción en ese sentido. Además, ha negado cualquier relación con la Fiscalía y con el propio fiscal general del Estado.
La declaración de Sánchez Acera ha tenido lugar a petición de la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias. El juez instructor busca esclarecer el trayecto del correo electrónico desde el 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en el medio digital ElPlural.com el 14 de marzo. La investigación pretende determinar a través de qué personas circuló esta información antes de hacerse pública.
El magistrado ha tomado esta decisión después de interrogar el pasado mes de noviembre Lobato, quien confirmó haber recibido el correo de Sánchez Acera. En aquella ocasión, el exlíder socialista madrileño entregó voluntariamente su teléfono móvil y un acta notarial con el contenido del mensaje para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera verificar su autenticidad.
Sánchez Acera niega haber recibido el correo de la Fiscalía
Durante su comparecencia, Sánchez Acera declaró que lo que recibió no fue el correo electrónico en sí, sino un “pantallazo” en el que González Amador reconocía los delitos fiscales. Sin embargo, afirmó que el remitente y el destinatario del mensaje estaban tachados, por lo que no pudo identificar su origen. También aseguró que no le llegó ni desde la Fiscalía, ni desde Moncloa, ni desde ninguna otra instancia gubernamental.
Según su testimonio, tras recibir el pantallazo, lo envió a Juan Lobato en su calidad de secretaria de política institucional del PSOE de Madrid para que lo utilizara contra la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea de Madrid que se celebraba ese mismo día, porque “era su trabajo” y negó haber compartido el documento con otras personas.
En la misma jornada, también declaró como testigo el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, quien negó tener una relación cercana con Sánchez Acera. Según fuentes jurídicas, Vallés explicó que su contacto con Lobato se limitó a enviarle noticias de prensa sobre el tema para que estuvieran informados en la Asamblea de Madrid. Asimismo, manifestó su disposición a entregar su teléfono móvil si fuera necesario para la investigación.
La UCO concluyó en su informe que Moncloa tuvo conocimiento del correo electrónico antes de su publicación en los medios de comunicación y que al menos estaban al tanto Juan Lobato, Sánchez Acera, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y otros miembros del Gobierno.
La investigación podría extenderse más de un año
El juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido prorrogar la investigación por otros seis meses, aunque no descarta que pueda prolongarse incluso más de un año debido a la complejidad del caso.
Uno de los principales obstáculos para el avance de la causa ha sido la supuesta eliminación de información relevante de los móviles del fiscal general, lo que ha obligado al magistrado a solicitar comisiones rogatorias a Google y WhatsApp para recuperar datos clave. Además, ha reprochado al fiscal general del Estado su “falta de colaboración” en la causa.
“Ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos, la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona haya tenido que ser adoptada”, afirmó Hurtado en un auto reciente. @mundiario
