Rota y Morón, la línea roja de Sánchez en la guerra entre EE UU e Irán
El pasado fin de semana, mientras las bombas empezaban a caer sobre Irán, en Madrid se libraba otra batalla, silenciosa y política. No había misiles ni drones, pero sí presión diplomática, incertidumbre estratégica y un dilema incómodo: permitir que Estados Unidos utilizara las bases españolas como apoyo logístico a una ofensiva militar sin respaldo jurídico claro o impedirlo y asumir el coste político de desafiar a Washington. Pedro Sánchez optó por lo segundo.
La decisión no fue inmediata ni sencilla. Según EL PAÍS, durante horas, el Gobierno español intentó descifrar qué estaba ocurriendo realmente al otro lado del Atlántico. Las informaciones que llegaban desde Estados Unidos eran confusas, cuando no directamente contradictorias. Donald Trump dirigía la operación desde su residencia privada de Mar-a-Lago, lejos de los circuitos habituales de coordinación militar. Mientras tanto, los altos mandos del Pentágono esperaban instrucciones en Washington y los aliados europeos apenas recibían información.
En ese clima de desconcierto, el Ejecutivo español se encontró ante una escena conocida. Ya había ocurrido antes: operaciones militares estadounidenses apoyadas discretamente desde territorio español sin que Madrid tuviera que pronunciarse públicamente. En muchas ocasiones, la opción más cómoda había sido mirar hacia otro lado. Pero esta vez el contexto era radicalmente distinto.
La ofensiva contra Irán no parecía un golpe puntual ni una operación limitada. Todo apuntaba al inicio de un conflicto de mayor escala, con capacidad para incendiar Oriente Próximo y generar consecuencias globales. Para el Gobierno español, permitir que las bases de Rota y Morón participaran en esa operación implicaba algo más que una cuestión logística: suponía aceptar, de facto, una implicación indirecta en una guerra de dudosa legalidad.
El momento en que el Gobierno decidió decir no
La clave estaba en un detalle jurídico que suele pasar desapercibido fuera de los círculos diplomáticos: el convenio de defensa entre España y Estados Unidos firmado en 1988.
Ese acuerdo permite a las fuerzas estadounidenses utilizar las bases españolas bajo determinadas condiciones. Sin embargo, el texto también establece un límite claro: cualquier operación que exceda el marco bilateral o multilateral —como las misiones de la OTAN— requiere autorización expresa del Gobierno español. La ofensiva contra Irán no encajaba en ese marco.
Por eso, cuando comenzaron a llegar las primeras solicitudes relacionadas con vuelos de reabastecimiento, el Ejecutivo decidió invocar ese límite legal. Los aviones cisterna KC-135 desplegados en las bases de Morón de la Frontera y Rota no podrían participar en la operación.
La decisión tuvo efectos inmediatos. Durante el fin de semana, varios de esos aparatos abandonaron territorio español rumbo a otras bases europeas, especialmente en Alemania y Francia. Finalmente, las autoridades francesas confirmaron que algunos de ellos terminaron operando desde la base de Istres Le Tubé. En términos militares, el cambio puede parecer menor. En términos políticos, no lo fue.
El precedente que cambió el cálculo
El año pasado, una operación similar había pasado prácticamente desapercibida. Bombarderos B-2 estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes tras ser reabastecidos en vuelo por aviones desplegados en España. La operación se desarrolló sobre aguas del Atlántico y el Gobierno defendió que se ajustaba al convenio bilateral.
Aquella vez, la intervención duró apenas unas horas y el episodio desapareció rápidamente del debate público. La diferencia ahora era la magnitud.
Un conflicto abierto con Irán podía desestabilizar toda la región y arrastrar a numerosos actores internacionales. Participar indirectamente en esa ofensiva habría colocado a España en una posición política delicada dentro de Europa y en el propio debate interno.
Fuentes militares lo explican de forma cruda a EL PAÍS: permitir el uso de las bases habría significado entrar en la guerra sin haber tomado realmente la decisión de hacerlo.
El riesgo de una guerra por inercia
La arquitectura militar internacional está llena de automatismos. Bases, rutas aéreas, acuerdos logísticos y despliegues permanentes hacen que las operaciones puedan activarse con rapidez. Pero esa misma maquinaria puede arrastrar a países aliados hacia conflictos en los que nunca pretendieron participar. Ese fue el escenario que el Gobierno español quiso evitar.
España alberga dos infraestructuras clave para la proyección militar estadounidense en el Mediterráneo: la base naval de Rota y la base aérea de Morón. Desde ellas operan aviones de transporte, cisterna y destructores del sistema de defensa antimisiles.
En situaciones de crisis, ese entramado logístico puede convertirse en un trampolín militar de enorme valor estratégico. Precisamente por eso, la decisión de bloquear su uso en la ofensiva contra Irán fue interpretada por algunos analistas como una señal política más que como una simple cuestión operativa.
Una decisión con costes políticos
La negativa española abrió de inmediato un frente interno. El Partido Popular acusó al Gobierno de ocultar la verdadera implicación de España en el conflicto y señaló el despliegue de la fragata Cristóbal Colón en Chipre como prueba de esa supuesta contradicción.
Sin embargo, la misión de ese buque responde a otra lógica: proteger el flanco oriental de la Unión Europea frente a posibles ataques de la milicia chií Hezbolá desde Líbano.
La paradoja política llegó desde Washington. El propio Donald Trump criticó a Pedro Sánchez por no colaborar en la ofensiva contra Irán y por no cumplir —según él— con los compromisos de gasto militar dentro de la OTAN.
Lejos de debilitar la posición del Ejecutivo español, esas declaraciones reforzaron el argumento central de la Moncloa: España no estaba participando en la guerra.
La intrahistoria de un gesto poco habitual
En la larga relación militar entre España y Estados Unidos, los episodios de negativa explícita no son frecuentes.
En 1991, durante la primera Guerra del Golfo, el Gobierno de Felipe González autorizó el uso de la base de Morón para bombardear Irak. En 2003, el Ejecutivo de José María Aznar permitió operaciones logísticas vinculadas a la invasión de ese mismo país.
También hubo decisiones en sentido contrario. En 1996, González prohibió el sobrevuelo de bombarderos estadounidenses que atacaban Libia, obligándolos a rodear la península ibérica.
La decisión de Sánchez se inscribe en esa tradición minoritaria: la de los momentos en los que España decide no facilitar una operación militar estadounidense. @mundiario
