Rodalies bajo presión: la oposición considera insuficientes los ceses y apunta a la cúpula política
La crisis de Rodalies ha dejado de ser únicamente un problema de gestión ferroviaria para convertirse en una prueba de resistencia política para el Govern de Salvador Illa. Los ceses del director de operaciones de Adif, Raúl Míguez, y del director de Rodalies, Josep Enric García Alemany, anunciados esta semana por el Ministerio de Transportes, han sido recibidos como un primer gesto, pero no como una solución suficiente.
En el Parlament, la oposición ha coincidido en un diagnóstico: el problema no se limita a mandos intermedios, sino que alcanza a la cúpula política que supervisa el sistema.
El Ejecutivo catalán, por su parte, ha optado por un discurso de contención. La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha evitado valorar los ceses y ha subrayado que corresponde a Renfe y Adif depurar responsabilidades. Al mismo tiempo, ha insistido en la “estrecha colaboración” con el Gobierno central y en el contacto permanente con el ministro Óscar Puente. Esa estrategia, orientada a cerrar cuanto antes la crisis, contrasta con la presión creciente de una oposición que considera que el Govern intenta pasar página demasiado rápido.
En el trasfondo del conflicto están varias decisiones que han alimentado la desconfianza política. En círculos internos de Renfe se señala la falta de interrupción del servicio tras el accidente mortal del 20 de enero, pese a las alertas meteorológicas, y la posterior incapacidad para alcanzar un acuerdo rápido con los maquinistas. A ello se suma el mensaje trasladado a la Generalitat de que Rodalies estaría operativa “al 100%”, una afirmación que terminó desmentida por los hechos.
Estos episodios han reforzado la percepción de que la crisis no fue solo consecuencia de una infraestructura frágil, sino también de errores de gestión y comunicación. Para la oposición, los ceses anunciados funcionan como un cortafuegos limitado que no alcanza a quienes toman las decisiones políticas de mayor nivel.
El Parlament eleva el tono
La sesión de control en el Parlament ha evidenciado la magnitud del desgaste. Desde la CUP hasta el PP, pasando por ERC, Junts, Vox y Aliança Catalana, todos los grupos han reclamado más dimisiones. El nombre que más se repite es el de Sílvia Paneque, señalada como máxima responsable política de Rodalies en Cataluña. También se ha apuntado directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la dependencia de Renfe del Gobierno central.
Las críticas han ido más allá del episodio concreto de esta semana. Junts ha hablado de “colapso general”, ERC ha reprochado al Govern “esconderse” tras la dimisión de cargos recientes, y el PP ha cuestionado que haya sido necesaria una muerte para reaccionar ante el deterioro de la red. Incluso formaciones con discursos muy distintos han coincidido en una idea común: la crisis de Rodalies es un síntoma de un problema estructural que ya no admite respuestas parciales.
Ante este frente amplio, el Govern ha optado por contextualizar la crisis. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha asumido funciones de presidente por la baja médica de Illa, ha reconocido que “no ha sido una buena semana”, pero ha defendido la actuación del Ejecutivo y la coordinación con el Ministerio. Su argumento central es que la situación actual es fruto de décadas de desinversión y que el Govern socialista lleva poco más de un año y medio al frente de la Generalitat.
Esta línea de defensa busca desplazar el foco desde las responsabilidades inmediatas hacia un problema estructural de largo recorrido. Sin embargo, para la oposición, ese argumento no exonera al actual Ejecutivo de asumir costes políticos cuando el sistema falla de forma tan visible y repetida.
¿Crisis técnica o crisis política?
El debate de fondo es si la crisis de Rodalies puede resolverse con cambios en la gestión técnica o si exige responsabilidades políticas de mayor calado. Los ceses en Adif y Renfe apuntan a lo primero; las demandas de dimisiones en el Govern y en el Ministerio, a lo segundo. En medio, el Ejecutivo catalán intenta mantener una posición de cooperación institucional que evite un choque frontal con Madrid, pero esa estrategia tiene un precio: proyecta la imagen de un Govern con escaso margen de maniobra ante un servicio esencial colapsado.
La oposición, mientras tanto, aprovecha el desgaste para construir un relato más amplio sobre la gestión de los servicios públicos y la relación con el Estado. Rodalies se convierte así en un campo de batalla simbólico donde se cruzan la seguridad, la movilidad diaria de miles de ciudadanos y la credibilidad política del Govern.
Lejos de cerrarse con los primeros ceses, la crisis de Rodalies sigue abierta. La presión parlamentaria no ha disminuido y el Govern se enfrenta al reto de demostrar que la normalización del servicio será algo más que una promesa. @mundiario
