Illa endurece el pulso por Rodalies: la Generalitat señala a Transportes por el caos ferroviario
La crisis de Rodalies ha marcado un punto de inflexión en la relación entre la Generalitat y el Estado en materia ferroviaria. Después de seis días de incidencias continuadas, suspensiones del servicio y una caída especialmente grave del Centro de Control de Adif en la Estación de Francia, el Govern catalán ha optado por abandonar el discurso de unidad y consenso que había mantenido hasta ahora. La Generalitat no seguirá “dando la cara” por Renfe y Adif sin capacidad real para corregir los problemas.
El cambio de tono quedó explicitado por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al reclamar responsabilidades directas a ambas entidades estatales y advertir de que la situación “no es sostenible”, en un reconocimiento implícito de los límites del autogobierno en un ámbito clave para la vida cotidiana y la economía catalana.
En el núcleo del conflicto está la relación con la operadora estatal y, especialmente, con la empresa gestora de las vías. Fuentes del Govern admiten que la confianza con las operadoras se ha roto y que la Generalitat está cansada de asumir el desgaste político de un servicio sobre el que no tiene control efectivo. Aunque formalmente Cataluña asumió la titularidad de Rodalies en 2010, la realidad operativa —frecuencias, mantenimiento, seguridad e inversiones— sigue en manos del Estado.
Las destituciones del director operativo de Cercanías y del responsable de mantenimiento de Adif, anunciadas desde el Ministerio de Transportes, han sido interpretadas en el Govern como un primer gesto, pero insuficiente. Para la Generalitat, el problema no es solo de nombres, sino de estructura y de reconocimiento de su autoridad en la gestión ferroviaria.
Illa, entre la lealtad y el desgaste
El president Salvador Illa, todavía convaleciente, mantiene una relación fluida con el ministro Óscar Puente y no ha elevado públicamente el choque al plano político más alto. Sin embargo, la presión interna y externa es creciente. La crisis de Rodalies amenaza con erosionar la imagen de Illa como gestor eficaz, uno de los principales activos con los que llegó a la presidencia tras la etapa del procés.
El Govern ha decidido centrifugar responsabilidades hacia el Estado para contener el daño reputacional. Es una estrategia defensiva que tiene algo de admisión de realidad: la Generalitat no puede responder políticamente por un servicio que no controla. De ahí que las peticiones de dimisión de Paneque por parte de ERC y Junts tengan un alcance más simbólico que práctico.
El trasfondo social agrava la crisis política. Desde 2023, Rodalies ha perdido más de seis millones de usuarios, una cifra especialmente significativa en un contexto de crecimiento demográfico y económico en Cataluña. La falta de puntualidad, las incidencias recurrentes y las dudas sobre la seguridad han empujado a muchos ciudadanos a buscar alternativas de transporte.
A ello se suma la desconfianza de los propios maquinistas y del Govern respecto a los métodos de certificación de seguridad de Adif, muy alejados —según la Generalitat— de los estándares de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El contraste refuerza la percepción de que el modelo actual de Rodalies está agotado.
El límite de la titularidad sin poder
La creación de la futura empresa mixta de Rodalies, con Renfe como socio mayoritario, no ofrece una solución inmediata. No entrará en funcionamiento hasta dentro de un año y, en su primera fase, solo asumirá una de las 13 líneas. Mientras tanto, la Generalitat sigue atrapada entre la titularidad formal y la impotencia operativa.
Si el colapso persiste y el coste político sigue creciendo, la presión podría extenderse inevitablemente hasta el Gobierno de Pedro Sánchez, convirtiendo un problema de gestión ferroviaria en un conflicto político de primer orden. @mundiario
