Regularizar sin confesarlo: la táctica del PSOE ante el colapso migratorio
España vuelve a situarse en una encrucijada política y ética con la inmigración como telón de fondo. Tras más de un año de bloqueo, el Gobierno ha recuperado con urgencia una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, impulsada por más de 900 organizaciones sociales y avalada por 600.000 firmas, propone la regularización de unas 470.000 personas extranjeras que viven en situación irregular. Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo ha abandonado el lenguaje explícito de la “regularización extraordinaria” para revestirla de una terminología más técnica: “régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo”.
Pese a la semántica ambigua, la intención es clara. El Gobierno quiere aprobar un decreto que permita a los inmigrantes presentes en España antes del 31 de diciembre de 2024 acceder a permisos de residencia y trabajo. Lo hace en un momento en que la reforma del reglamento de extranjería, que entra ahora en vigor, ha dejado fuera a miles de personas que, pese a residir en España desde hace años, no cumplen con los nuevos requisitos. Personas vulnerables, solicitantes de asilo que desistieron del procedimiento, o trabajadores en la economía informal quedan de nuevo atrapados en un limbo legal.
La iniciativa ha provocado un giro significativo dentro del propio Ejecutivo. El PSOE, tradicionalmente reticente a una regularización masiva, ha cambiado de tono y de ritmo, consciente del valor social y estratégico de la medida. Las prisas responden tanto al calendario político como a la presión de colectivos sociales, organizaciones religiosas —incluida la Iglesia católica— y sectores empresariales que claman por mano de obra en sectores clave como el campo, la hostelería y los cuidados.
Sin embargo, el debate no está ni mucho menos cerrado. Reclaman que el corte temporal se extienda, como mínimo, hasta el momento de la entrada en vigor de la reforma de extranjería, o incluso hasta la aprobación definitiva de la ILP. Y tienen motivos de peso: acotar en exceso la regularización condenaría a la exclusión a miles de personas que ya forman parte de la sociedad española.
En el plano político, la negociación se antoja compleja. Los grupos de la izquierda —Podemos, Sumar— presionan para ampliar el alcance de la medida y garantizar criterios amplios en el decreto posterior. Mientras, el Partido Popular ya ha mostrado su rechazo frontal y propone restringir aún más el acceso a la regularización, fijando el umbral antes de 2021. Junts, PNV y otros partidos minoritarios, claves para alcanzar la mayoría necesaria, aún no han definido claramente su posición, aunque el PNV ha condicionado su apoyo a que se vincule la regularización a un contrato de trabajo, una exigencia que puede vaciar de sentido la medida para los más vulnerables.
Más allá de la aritmética parlamentaria, este debate plantea una cuestión de fondo: ¿qué país quiere ser España en relación con la inmigración? ¿Uno que perpetúe la irregularidad como una forma de exclusión silenciosa o uno que asuma con responsabilidad y visión de futuro su realidad demográfica, laboral y social? La regularización no es un privilegio, sino un acto de justicia con quienes ya viven, trabajan y contribuyen en nuestro país.
Desde el punto de vista económico, regularizar a cientos de miles de personas significa reforzar el mercado laboral, aumentar la recaudación fiscal y reducir la economía sumergida. Desde el punto de vista social, significa reconocer la dignidad y los derechos de quienes han sido invisibles durante años. Y desde el punto de vista político, representa un gesto de coherencia y responsabilidad en un momento en el que la ultraderecha agita el miedo al diferente como arma electoral.
Es cierto que toda regularización requiere de condiciones, garantías y procedimientos rigurosos. Pero esconderla bajo eufemismos o recortarla hasta hacerla irrelevante sería un error político y moral. En lugar de temer al discurso del odio, el Gobierno haría bien en explicar con claridad a la ciudadanía que esta medida no es una concesión, sino una necesidad. Y que la verdadera amenaza para la convivencia no son quienes vienen a buscar un futuro mejor, sino quienes los usan como chivo expiatorio.
La regularización de inmigrantes no resolverá todos los problemas del sistema migratorio español, pero puede ser un punto de inflexión. Un acto de justicia que, además de reparar un vacío legal, proyecte una idea de país más humana, más coherente y más preparada para afrontar los retos del presente. El reto ahora es que la oportunidad no se pierda en el laberinto parlamentario ni en el cálculo electoral. Porque la historia juzga también por cómo tratamos a quienes no tenían voz. @mundiario
