Un país detrás de otro le ha dado la espalda a los tribunales españoles

Carles Puigdemont. / RR SS
Carles Puigdemont. / RR SS

Lo lógico sería que, si un juez español pide la detención y extradición de Puigdemont, el país de la UE donde está el solicitado actúe de forma automática y lo ponga a disposición del tribunal que lo ha pedido, sin más procesos.

Un país detrás de otro le ha dado la espalda a los tribunales españoles

Esto es lo que debería haber sucedido con Puigdemont y otros independentistas fugados de la justicia española desde el primer momento, si Europa fuese realmente una Unión con todas las consecuencias. Sin embargo, como hemos visto en todo este largo periplo, un país detrás de otro le ha dado la espalda a los tribunales españoles y cada uno ha decidido por su cuenta que no era pertinente que el ciudadano español  Puigdemont y compañeros fueran puestos a disposición de su justicia. 

Sucede así porque no hay voluntad política en la Unión Europea de que estos procedimientos sean automáticos. Por mucho que anuncien las grandes facilidades de la Orden de Detención Europea ODE en el portal europeo, realmente no sucede así y se pueden constatar contradicciones.

“Se trata -dicen- de una solicitud presentada por una autoridad judicial de un país de la UE para que se detenga a una persona en otro y se la entregue para su procesamiento, o para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad dictadas en el primer país. El mecanismo se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Es operativo en todos los países de la UE. Funciona mediante contactos directos entre las autoridades judiciales.”

Principio de reconocimiento mutuo

Hasta aquí todo parece perfecto, pero añade algo que impide la entrega automática y que va contra el anunciado “principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales”, véase la última frase del siguiente párrafo:

“Al ejecutar ODE, las autoridades han de respetar los derechos procesales de los sospechosos o acusados, como el derecho a la información, a contar con la asistencia de un abogado y de un intérprete y a asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país en que sean detenidos.”

Si quisieran, podrían legislar para lograr el objetivo del automatismo de forma rápida, aunque sea difícil poner de acuerdo a los 27 países. Pero ¿qué puede ser más lógico y normal que si la justicia de un país reclama a un ciudadano propio dentro de la Unión Europea, le sea entregado sin más miramientos y sin necesidad de ningún juicio? Otra cosa sería que España reclamase a un ciudadano belga para juzgarlo aquí. Es normal que su justicia revisase un poco la petición antes de concederla o negarla. También se entiende que, si Estados Unidos pide la extradición de un ciudadano de un tercer país, como Venezuela, España lo analice y juzgue su justificación o no, ya que no estamos en la misma situación de la UE.

La UE falla en contra de la justicia española

Si los procedimientos judiciales de los otros países de la UE fallan en contra de la justicia española en el caso Puigdemont, lo hacen porque no ven justificada la petición, porque consideran que en su tierra eso no es delito y no deben poner al fugado en manos de una justicia poco fiable desde su punto de vista. Ese concepto de poco fiable que puede ser atribuido a nuestra justicia, debería ser objeto de mucha atención por parte de las autoridades españolas. Supone un fuerte deterioro de la credibilidad de un país, supone poner en duda su calidad democrática, la calidad de sus instituciones, la independencia judicial. Y no sería razonable permitir que esta mala fama siga asentada en otros países de nuestra Unión. Debería ser una labor política de primer nivel en Europa. Tendrían que estudiar cómo se puede revertir esta situación, cuáles son los motivos por los que hay esa desconfianza y ver la forma de atajarlos.

Es cierto que existe un procedimiento jurídico de cada país, existen esas normas legales de la Unión Europea sobre la denominada ODE. Hay todo un entramado legal, un tejido jurídico, unas técnicas, unos recursos legales que tratan de ofrecer las máximas garantías a los posibles acusados, pero cada país tiene capacidad y competencia suficiente como para garantizar los procesos legales de sus ciudadanos. Cada país, y más España, cuida de que sus ciudadanos sean juzgados con todas las garantías jurídicas y de transparencia -así ha sucedido con los independentistas catalanes- como para se le pueda entregar directamente cualquier sospechoso reclamado por un tribunal.

Mucho peor que todo ello es constatar que los tribunales de otros países consideran que en España se está persiguiendo a los políticos o a las autoridades por sus ideas y no por sus delitos. Y peor es también constatar que el Ejecutivo español utiliza todos sus recursos legales por medio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para entorpecer la acción de la justicia contra políticos a los que el Gobierno no quiere ver juzgados. Existen claras sospechas de que esto puede pasar con el caso Puigdemont. Una actitud que no ayuda en absoluto a luchar a favor de la imagen de la Justicia española.

En todo caso, la mejor manera de lograr que esto funcione es legislar en Europa para que un país que reclame a un ciudadano le sea entregado automáticamente. Todo lo demás va contra ese sentimiento de Unión que debemos tener todos los ciudadanos de Europa. @mundiario 

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