Sánchez apela al consenso climático en un país atrapado por el enfrentamiento partidista
Pedro Sánchez ha abierto el curso político con un gesto que, sobre el papel, debería concitar el acuerdo unánime de las fuerzas parlamentarias: situar el cambio climático en el centro del debate público y reclamar un pacto de Estado frente a sus consecuencias. La propuesta incluye la creación de una agencia estatal de emergencias para mejorar la coordinación en episodios extremos —cada vez más frecuentes— y la habilitación de una red de refugios climáticos en colaboración con los ayuntamientos. A nadie se le escapa que son medidas de sentido común en un país que encadena incendios devastadores, olas de calor históricas e inundaciones cada vez más letales.
Sin embargo, el trasfondo revela una paradoja: mientras la ciencia alerta de que el tiempo se agota, la política española parece atrapada en un bucle de desconfianza mutua que dificulta la construcción de consensos básicos. Sánchez evoca los grandes pactos nacionales del pasado —el de Toledo o el de la violencia de género—, pero el clima político actual no es el de entonces. Hoy, cualquier iniciativa gubernamental se interpreta a través del prisma de la polarización, como un movimiento táctico más en la pugna entre bloques.
Los datos que maneja el Ejecutivo son elocuentes: en solo cinco años, España ha perdido 32.000 millones de euros en daños materiales ligados a fenómenos extremos, y más de 20.000 personas han fallecido prematuramente por causas relacionadas con el calor. La magnitud de la catástrofe supera con creces el impacto de los accidentes de tráfico o de otros problemas sociales que sí lograron acuerdos amplios. Y, sin embargo, la emergencia climática sigue tratándose en demasiados debates como un asunto opinable, sujeto a la ideología de turno, cuando la realidad es que afecta de manera transversal a la economía, la salud pública y la seguridad de los ciudadanos.
El presidente evita nombrar a adversarios concretos, pero lanza un mensaje implícito al PP y a las comunidades autónomas gobernadas por la derecha: la prevención ha sido insuficiente, los recortes en brigadas forestales han debilitado la respuesta y el negacionismo de algunos sectores actúa como un freno irresponsable. La oposición, por su parte, ya ha dejado entrever su rechazo al pacto, convencida de que aceptar la iniciativa equivaldría a conceder una victoria política a Sánchez. De nuevo, la urgencia ambiental queda atrapada en la lógica del corto plazo.
El Consejo de Ministros aprobará mañana la hoja de ruta para materializar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 1, 2025
Queremos todas las aportaciones posibles, en un proceso abierto, democrático y totalmente participativo.
Junto al conjunto de la sociedad española. pic.twitter.com/gkciPflqpH
Lo cierto es que la emergencia climática no distingue de colores políticos ni de fronteras. Los incendios no se detienen en Galicia, Portugal o Francia por el simple hecho de cambiar de jurisdicción. De ahí que el Gobierno haya extendido la mano a Bruselas y a los países vecinos, consciente de que la única respuesta eficaz será multinacional. Sin embargo, ese horizonte de cooperación choca con el clima político interno, cada vez más impermeable al acuerdo.
El debate revela, en última instancia, una disonancia peligrosa: la sociedad percibe ya con claridad los efectos del cambio climático —el calor insoportable en las ciudades, las sequías que arruinan cosechas, las tormentas que arrasan viviendas—, pero la representación política se muestra incapaz de articular una estrategia común. El riesgo es evidente: que España entre en una década decisiva para la acción climática con un sistema político más pendiente de la erosión electoral que de la resiliencia del país.
Sánchez, con su propuesta, plantea un reto que excede su figura: ¿será capaz España de elevar el cambio climático a la categoría de política de Estado, del mismo modo que lo hizo con las pensiones o la violencia de género? Si la respuesta es negativa, la factura será doble: la de las vidas perdidas y la de un país que, ante la evidencia científica y social, decidió seguir atrapado en sus propias trincheras. @mundiario
