Pedro Sánchez y los jueces: claves del choque institucional
Pedro Sánchez sorprendió a la opinión pública al afirmar que existe una minoría de jueces que “hacen política” y, al mismo tiempo, “políticos que tratan de hacer justicia”. Sus palabras, pronunciadas en TVE, se dieron en un contexto delicado: varias investigaciones judiciales afectan a su círculo familiar, lo que añade tensión al debate.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), señaló que estas declaraciones reflejan un desconocimiento del respeto al Poder Judicial y de los principios básicos de un Estado de Derecho. Del Barco recordó que en una democracia es normal que los jueces apliquen la ley incluso cuando los investigados forman parte del entorno familiar del presidente. La portavoz del PP, Ester Muñoz, fue más contundente, comparando la situación con Estados Unidos, donde solo Trump llegó a cuestionar de forma pública la independencia judicial.
Asociaciones como la AJFV y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian que estas palabras pueden constituir una estrategia de deslegitimación del Poder Judicial, un fenómeno “bastante dañino” que erosiona la confianza social en la justicia. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) reconoce que, aunque quizá no le corresponde al presidente hacer estas manifestaciones, sí existe evidencia de que ciertos procesos judiciales pueden estar instrumentalizados por motivos partidistas.
Entre la crítica y la defensa institucional
El Gobierno, a través de Pilar Alegría, defendió las declaraciones de Sánchez asegurando que reflejan la percepción de muchos ciudadanos sobre decisiones judiciales difíciles de entender y la existencia de jueces cuya actuación parece politizada. Alegría subrayó que la gran mayoría de jueces y fiscales actúan con profesionalidad e imparcialidad y que el Ejecutivo mantiene un respeto absoluto a la separación de poderes.
Incluso desde formaciones progresistas, como Sumar, se respaldó al presidente. Verónica Martínez Barbero afirmó que reconocer la existencia de jueces que hacen política no significa negar la independencia judicial, sino constatar una realidad que existe y requiere vigilancia. Alberto Ibáñez, de Compromís, valoró positivamente que Sánchez recordara que los jueces no deben hacer política, así como los políticos no deben judicializar la vida política, un principio fundamental que evita abusos.
Reflexión sobre el equilibrio democrático
Este debate refleja una tensión difícil de resolver: denunciar usos partidistas de la justicia sin dañar la confianza ciudadana. Las críticas genéricas a la judicatura pueden percibirse como un ataque institucional, mientras que las denuncias concretas y con cauces legales son legítimas.
Para fortalecer la democracia, es necesario reforzar la transparencia de los procesos judiciales y la comunicación entre Gobierno, CGPJ y sociedad civil. Esto permitiría que las críticas públicas sean responsables, que la independencia judicial se mantenga intacta y que los ciudadanos confíen en un sistema que funcione de manera equitativa. Al final, proteger la justicia independiente y garantizar su imparcialidad es un deber de todos los poderes del Estado, incluso del Ejecutivo. @mundiario
