El nuevo escudo social por la guerra de Irán abre otra brecha política en España
El aumento del precio de la energía tras la escalada militar en Oriente Próximo ha vuelto a situar a la economía en el centro del debate político en España. En apenas una semana, el precio de la gasolina ha subido unos 15 céntimos por litro y el del gasóleo cerca de 28, según datos manejados por el Ejecutivo. Esta presión inflacionaria ha llevado al Gobierno a estudiar un nuevo paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto en hogares y empresas.
El plan, aún en fase de diseño, pretende replicar parte de las herramientas desplegadas durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, cuando se aprobaron ayudas directas, rebajas fiscales y medidas de protección social. Para preparar ese paquete, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como con agentes sociales y organizaciones empresariales. El objetivo sería explorar posibles consensos antes de que Pedro Sánchez comparezca ante el Parlamento el próximo 25 de marzo tras el Consejo Europeo.
El debate sobre el nuevo escudo social ha vuelto a evidenciar la existencia de dos bloques políticos bien diferenciados en materia económica. Por un lado, el Ejecutivo y sus socios parlamentarios defienden una respuesta basada en la intervención pública para contener los efectos de la crisis. Entre las medidas que se estudian figuran ayudas al transporte profesional, mecanismos para evitar subidas especulativas de precios o refuerzos de las políticas sociales.
En el otro lado, la derecha parlamentaria formada por el Partido Popular, Vox, UPN y Junts, con el PNV próximo a esa posición, expresa su desconfianza hacia lo que considera un exceso de intervención estatal.
El antecedente inmediato de este choque político se produjo hace apenas dos semanas, cuando los populares, la ultraderecha, los posconvergentes y el único diputado navarro tumbaron en el Congreso el decreto ómnibus troceado con las medidas que buscaban limitar los precios especulativos en situaciones de emergencia y reforzar la protección frente a los desahucios. Desde el Gobierno recuerdan ese episodio como prueba de la resistencia de la oposición a las políticas de control de precios.
El PP apuesta por rebajas fiscales
El principal partido de la oposición defiende un enfoque diferente para afrontar el impacto económico de la guerra. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado una batería de propuestas centradas en la reducción de impuestos, entre ellas la rebaja del IRPF, la eliminación del impuesto sobre la generación eléctrica y la reducción del IVA energético.
“Las consignas no dan de comer a los españoles. Nuestras propuestas sí”, afirmó Feijóo en un mensaje difundido en redes sociales. Desde el PP también se advierte de que no apoyarán decretos que consideren “imposiciones” del Gobierno o que incluyan medidas que, a su juicio, puedan incentivar la ocupación de viviendas. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, fue aún más explícita al rechazar cualquier control de precios. “Controlar los precios a demanda es comunista”, afirmó.
Mientras la derecha cuestiona el intervencionismo económico, los socios del Gobierno presionan en sentido contrario. Desde Sumar, su portavoz Verónica Martínez Barbero ha defendido reforzar el escudo social con medidas como la prórroga de la congelación de los alquileres o el impulso de las energías renovables para reducir la dependencia energética.
Otras formaciones han ido más lejos. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez propone intensificar las inspecciones en gasolineras para evitar abusos en el precio de los carburantes. Por su parte, Ione Belarra, líder de Podemos, ha planteado un “plan anti-Trump” con medidas como un cheque energético para familias vulnerables o el restablecimiento de mecanismos para limitar el precio del gas.
Vox entra por primera vez en la ronda de contactos
La ronda de contactos que iniciará el Gobierno llega marcada por una profunda falta de confianza entre Ejecutivo y oposición. Desde el PP sospechan que el proceso puede tener un componente propagandístico, especialmente en un contexto electoral marcado por la campaña en Castilla y León, tras el cual los socialistas se sienten esperanzados por el pregón de “no a la guerra” de Sánchez y su posición de némesis de Donald Trump entre los líderes de Occidente.
El propio Feijóo ha denunciado la falta de información por parte del Gobierno sobre la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones económicas. En Moncloa, por su parte, sostienen que la intención es alcanzar el mayor consenso posible en un momento de gran incertidumbre internacional.
Una de las novedades del proceso será la inclusión de Vox en la ronda de consultas. Hasta ahora, el Ejecutivo había evitado contar con la formación de Santiago Abascal en iniciativas similares, como ocurrió durante la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. En esta ocasión, el Gobierno asegura que quiere escuchar a todos los grupos con representación parlamentaria, aunque en Moncloa admiten que esperan una negativa por parte de los ultras a participar activamente en el diseño de las medidas. @mundiario
