Los Mossos d´Escuadra desoyeron la orden del fiscal y eso puede constituir un delito

Antes de tomar posesión, los miembros de este cuerpo policial han de jurar o prometer acatamiento a la Constitución española, recuerda este profesor de la Universidad de Vigo.

Hace unas semanas, me preguntaba en este foro qué podría hacer el Estado si los Mossos d´Escuadra no cumplían y hacían cumplir la Constitución. Los hechos ocurridos el 9-N y su actitud denotan posible dejación de su deber y de lealtad a la Constitución que juraron. Y cuando un cuerpo armado o policial se produce de ese modo, no cabe otra cosa –como se hizo en 1934-  que sus responsables, los mandos y los que no cumplieron su deber deben ser desarmados y arrestados.

Estos son los hechos: la Generalitat se responsabiliza de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9-N, sin facilitar la identidad de las personas que lo autorizaron. En su respuesta al requerimiento de la Fiscalía para identificar a los responsables de locales públicos abiertos para el 9-N, los Mossos se remiten a un escrito de la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, en el que ésta sostiene que no está "en condiciones" de facilitar esas identidades, ya que "se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias".

O sea, que incumplieron una orden clara, directa, concreta, ya que  tenían que haber identificado a los que abrieron los locales, uno a uno –y contaban con medios para ello- en cada caso. Y no lo hicieron. Pero no va a pasar nada, porque hace tiempo que el Gobierno de Mariano Rajoy deja hacer.

Como se recordará dentro del ya nada sorprendente proceso hacia la secesión de Cataluña, el director de los Mossos, Albert Batlle, les había requerido "neutralidad política e imparcialidad ante los "acontecimientos relevantes a nivel político y social" en Cataluña, en referencia a la consulta del 9 de noviembre y las acciones del movimiento independentista.

Los Mossos han hecho lo que les pidió su jefe: “que hagan su trabajo sin "posicionamiento en uno u otro sentido" y evitando "adquirir cualquier protagonismo. […] La utilización del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra puede incidir y perjudicar nuestros principios de actuación y comprometer nuestra misión hacia el conjunto de los ciudadanos. Esta situación podría generar dudas sobre la neutralidad e imparcialidad del Cuerpo por parte de la ciudadanía y las instituciones", y añade que fueran conscientes de la "necesidad de preservar la imagen" como una policía al "servicio de la seguridad integral" de Cataluña. O, que su deber no era ser leales a la Constitución y cumplir la ley, no ser “neutrales”.

Y ante estos llamamientos a la rebelión, el Estado no replicó y ocurrió lo previsto. Pero el artículo 4 de la Lei 10/1194 de 11 de julio, del Parlamento de Cataluña, de la Policía de la Generalitat-Mosso d´Esquadra, señala “Antes de tomar posesión, los miembros de los Mozos de Escuadra han de jurar o prometer acatamiento a la Constitución como normal fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Cataluña”. O sea, que está fuera de duda que los 17.000 agentes de este cuerpo están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución por encima de todo.

Con el Código Penal en la mano, un mosso de escuadra que, de modo ordinario, con o sin Estado de Sitio o militarizado, según el caso, que se negara a cumplir sus deberes policiales, conforme a la legalidad vigente, podría incurrir entre otros, en estos supuestos: Abandono de destino y deber de perseguir delitos. Desobediencia. Rebelión. Y en caso extremísimo, Sedición y hasta Traición.

Pero en España, no pasa nada. De nada.