Koldo García busca frenar el juicio: pide al Supremo consultar al TJUE dónde juzgar el caso
La estrategia judicial de Koldo García introduce un nuevo frente en el caso de las mascarillas: su defensa solicita suspender el juicio hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la causa debe juzgarse en el Tribunal Supremo. La decisión podría retrasar el proceso durante meses y reabrir el debate sobre los límites del aforamiento y la competencia judicial en España.
- La defensa pide al TJUE aclarar si el juicio debe celebrarse en el Supremo.
- Fiscalía y acusaciones sostienen que la petición busca dilatar el proceso.
- La cuestión clave: si la pérdida del aforamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos obliga a cambiar el tribunal competente.
El núcleo del debate: quién debe juzgar
La defensa de García ha solicitado que el Supremo plantee varias cuestiones prejudiciales al tribunal europeo para determinar si el alto tribunal mantiene la competencia tras la renuncia de Ábalos a su escaño parlamentario. Según su argumentación, la permanencia del caso en el Supremo podría vulnerar derechos fundamentales protegidos por el derecho comunitario si no existe una norma clara que respalde esa competencia.
La solicitud no es menor. Si el tribunal accediera, el juicio quedaría paralizado hasta que Luxemburgo resolviera, lo que implicaría un retraso sustancial del proceso y podría influir incluso en la situación de prisión provisional de algunos acusados.
La respuesta de Fiscalía y acusaciones
La Fiscalía Anticorrupción, representada por Alejandro Luzón, rechaza el planteamiento y defiende que la jurisprudencia consolidada establece que la competencia del Supremo queda fijada cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral, incluso si el acusado pierde posteriormente el aforamiento. Cambiar ahora de tribunal, sostiene el Ministerio Público, obligaría a reabrir actuaciones y retrasaría el enjuiciamiento “más allá de un plazo razonable”.
En la misma línea se han pronunciado las acusaciones populares, entre ellas el Partido Popular, que interpretan la iniciativa como una maniobra procesal destinada a prolongar los tiempos judiciales.
Un juicio marcado por la estrategia procesal
La audiencia preliminar ha puesto de relieve que el caso se libra tanto en el terreno penal como en el procesal. Las defensas han solicitado nulidades, recusaciones de magistrados, nuevas pruebas e incluso la práctica de diligencias adicionales, mientras que las acusaciones insisten en que la causa está lista para ser juzgada.
En el banquillo se sentarán, además de García y Ábalos, el empresario Víctor de Aldama, cuya colaboración con la justicia ha reducido sustancialmente la petición de pena en su contra.
Más allá de las responsabilidades penales concretas, la controversia plantea una cuestión institucional relevante: hasta qué punto la pérdida del aforamiento puede alterar la competencia de los tribunales una vez iniciado el proceso. La respuesta marcará no solo el desarrollo de este juicio, sino también futuros casos en los que se crucen decisiones políticas, privilegios procesales y garantías judiciales
La decisión del Supremo sobre si consulta o no al TJUE determinará el calendario del juicio y, posiblemente, el ritmo político y mediático de uno de los procesos más sensibles de la última década. @mundiario
