Junts y la jornada laboral: los equilibrios ponen en jaque la gran apuesta de Yolanda Díaz
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, uno de los grandes compromisos del Gobierno de coalición y principal bandera de Yolanda Díaz esta legislatura, está al borde del naufragio parlamentario. Lo que parecía un avance social progresista pactado con los sindicatos se ha convertido en una piedra en el zapato para el Ejecutivo. Y el responsable tiene nombre propio: Junts per Catalunya.
Lejos de ser una discrepancia táctica, la enmienda a la totalidad registrada por los posconvergentes —sin texto alternativo, lo que evidencia un rechazo frontal— no es, según el ala socialista del Gobierno, un simple gesto negociador. A diferencia de la interpretación más optimista del Ministerio de Trabajo, que ve la maniobra como una “herramienta de presión”, desde el PSOE advierten de que “no es un paripé”. El movimiento de Junts es tan real como letal para la ley.
Díaz, sin embargo, mantiene una confianza que no comparten sus socios de Gobierno. Apela al diálogo y a la interlocución directa con Carles Puigdemont, con quien asegura hablar con frecuencia. Pero hasta ahora esa cercanía no ha dado frutos concretos. De hecho, Junts ha intensificado sus críticas a la norma, llegando a calificarla de “infumable” por boca de su portavoz, Míriam Nogueras, quien atacó duramente al “lobby sindicalista” en plena comparecencia de Pedro Sánchez.
Este discurso no es inocente ni extemporáneo. Responde a una presión creciente de la patronal catalana —Foment del Treball, Cecot, Pimec— que ha encontrado en Junts su canal natural de expresión política. La sintonía entre los empresarios y los posconvergentes explica por qué este partido ha decidido tensar la cuerda hasta el extremo. Junts se alinea así con el rechazo explícito de CEOE y otras patronales a la medida, al tiempo que abre la puerta a que la derecha —PP y Vox— se sume a su veto.
La vorágine de Sumar
La amenaza es seria: si prospera la enmienda a la totalidad, la reforma no se debatirá siquiera en el Congreso. La medida estrella de Díaz desaparecería sin trámite parlamentario. El simbolismo del golpe sería enorme. No solo supondría un fracaso legislativo para la vicepresidenta segunda, sino que debilitaría el relato reformista de Sumar y daría alas a quienes dentro del Gobierno reclamaban más diálogo con los empresarios antes de llevar el texto al Consejo de Ministros.
En este sentido, desde el PSOE recuerdan que pidieron prolongar las negociaciones con la patronal para evitar precisamente este bloqueo. Pero Díaz se impuso. En una reedición del pulso que ya protagonizó con la entonces ministra de Economía Nadia Calviño en la legislatura anterior, la ministra de Trabajo aceleró el pacto con los sindicatos, decidió no esperar más y apostó por aprobar la norma cuanto antes. El precio de esa decisión está a punto de pagarse.
El choque actual no es solo una batalla sobre la jornada laboral, sino un síntoma de los límites estructurales del actual Gobierno de coalición. A Díaz le corresponde pilotar la negociación directa, pero todo el Ejecutivo está implicado en intentar evitar el naufragio. El ministro de Presidencia y Justica Félix Bolaños ya ha activado contactos con la patronal catalana —la última reunión con Cecot apunta en esa dirección— y la ministra de Hacienda María Jesús Montero no descarta flexibilizar los tiempos parlamentarios para dar margen a una posible rectificación de Junts.
El PSOE percibe escepticismo
Sin embargo, en el PSOE cunde una sensación creciente de escepticismo. Saben que Junts no se movería sin un respaldo empresarial claro, y mientras la patronal mantenga su rechazo, las posibilidades de salvar la ley se reducen drásticamente. Además, con el PP aún sin confirmar si presentará su propia enmienda a la totalidad, el riesgo de que las derechas se unan para tumbar la norma es cada vez más real.
En este contexto, la apuesta de Díaz por una reforma estructural del tiempo de trabajo se enfrenta a la cruda realidad de un Parlamento fragmentado, donde cada ley requiere una alquimia de apoyos que a veces se convierte en una trampa. Lo que podría haber sido un gran avance social corre ahora el peligro de convertirse en el mayor revés político de la vicepresidenta.
El futuro de la jornada de 37,5 horas no se jugará solo en los escaños del Congreso, sino en los despachos donde Díaz, Puigdemont y los representantes de la patronal dirimen una partida con más carga política que laboral. Si la medida sobrevive, lo hará con cicatrices. Si fracasa, será un recordatorio de lo difícil que es gobernar sin apoyos sólidos ni consenso social amplio. En cualquiera de los dos casos, la política española habrá demostrado, una vez más, que hasta los avances más justos pueden ser víctimas de los equilibrios más frágiles. @mundiario
