Las claves de la reducción de la jornada laboral: ¿a quiénes afectará y cuándo entra en vigor?

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral en España de 40 a 37,5 horas semanales sin afectar los salarios. La medida, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en diciembre, inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo deberá recabar los apoyos necesarios para su aprobación definitiva.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este día como “histórico” y ha subrayado la importancia de la iniciativa como un “proyecto de país” orientado a modernizar el mercado laboral en España. “No es solo una variable económica más, sino un cambio estructural que beneficiará a millones de trabajadores”, ha señalado Díaz, destacando que se trata de la primera reducción de la jornada laboral en cuatro décadas.

Según los cálculos del Gobierno, la reducción horaria afectará a unos 12 millones de trabajadores, con especial beneficio para las mujeres, que suelen ocupar puestos con jornadas más prolongadas. “Esta medida da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país”, ha afirmado Díaz. Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha resaltado el carácter “simbólico” de la aprobación del anteproyecto y ha asegurado que la norma se implementará de forma progresiva para garantizar su viabilidad.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha adelantado que la previsión del Ejecutivo es que el texto llegue al Congreso “a finales de febrero o principios de marzo”. En ese sentido, el Gobierno ha iniciado ya las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios para asegurar su aprobación.

Discrepancias internas en el Ejecutivo

El proceso de aprobación de la medida no ha estado exento de tensiones dentro del Gobierno. Desde diciembre, las diferencias entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo fueron evidentes, con la titular de Trabajo acusando a Economía de bloquear la reducción de la jornada.

Sin embargo, tras semanas de debate, ambos ministerios lograron un acuerdo a finales de enero para impulsar la reforma mediante el procedimiento de urgencia.

En cuanto a la negociación política, Díaz ha dejado claro que el Ejecutivo está dialogando con todas las formaciones excepto por Vox, mientras que partidos como Junts han advertido de que el trámite parlamentario será complejo. “Las formaciones políticas no amenazan, dialogan y negocian, y esto es lo que vamos a hacer”, ha puntualizado la vicepresidenta segunda este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Además, ha lanzado un mensaje al Partido Popular: “la pregunta es si el PP va a repetir ese error o si aprovechará este cambio histórico para reconciliarse con sus votantes, que también quieren la reducción del tiempo de trabajo”.

Oposición frontal de los empresarios

El sector empresarial, representado por la CEOE, se ha mostrado en contra de la reforma desde el inicio de las negociaciones. La patronal considera que una modificación de la jornada laboral por ley “supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva”.

En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que trasladarán su rechazo a los grupos parlamentarios durante la tramitación del anteproyecto.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha insistido en que la reducción de jornada debería hacerse “de manera progresiva y mediante negociación colectiva, no por imposición legal”.

Según sus estimaciones, la medida tendrá un coste de entre 21.000 y 24.000 millones de euros, lo que se traduciría en aproximadamente 2.000 euros por trabajador en concepto de salario y cotizaciones.

Detalles de la aplicación de la nueva jornada laboral

El anteproyecto establece que la duración máxima de la jornada ordinaria pasará a ser de 37,5 horas semanales en cómputo anual. Esto implica que, dependiendo de las necesidades productivas, podrán existir periodos con jornadas más largas y otros con jornadas más reducidas, siempre que el promedio anual no supere el nuevo límite.

Además, la reforma contempla cambios en los contratos a tiempo parcial. Aquellos trabajadores con contratos de jornada parcial igual o superior a 37,5 horas semanales pasarán automáticamente a jornada completa, mientras que los empleados con jornada reducida mantendrán su carga horaria actual con un incremento proporcional en su salario.

Registro horario y derecho a la desconexión digital

Otro de los puntos clave de la reforma es el refuerzo del registro horario y la garantía del derecho a la desconexión digital. La norma establecerá sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros para las empresas que incumplan estas disposiciones. “Ningún trabajador tendrá que responder correos electrónicos ni llamadas fuera de su jornada laboral”, ha enfatizado Díaz.

El Gobierno espera que la reducción de jornada pueda aplicarse en 2025 y asegura que con esta medida se reforzará el control sobre las horas extra y se evitarán abusos en el registro de jornada. Con el inicio de su tramitación parlamentaria, la propuesta entra en una fase clave en la que deberá superar los desafíos políticos y económicos para convertirse en una realidad. @mundiario