El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez se aplaza: un retraso que reordena el tablero extremeño
La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido posponer el juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del Gobierno— y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. La vista oral, prevista inicialmente para febrero, tendrá lugar ahora los días 28 y 29 de mayo y 1, 2, 3 y 4 de junio de 2026.
El cambio responde a una razón formal: la coincidencia de la fecha con señalamientos previos de algunos abogados. La secretaria judicial lo dejó claro en una diligencia de ordenación que indica que la amplia presencia de partes personadas impide encontrar días libres conjuntos, por lo que el retraso se considera inevitable.
Más allá de la lógica administrativa del sistema judicial, el movimiento tiene efectos colaterales: altera el contexto político y modifica el escenario para un acusado singular, Miguel Ángel Gallardo.
Tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo se enfrentan a peticiones de tres años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación. Junto a ellos, otros nueve procesados completan el caso, cuyo epicentro está en la creación y adjudicación de una plaza presuntamente “a dedo” en la Diputación de Badajoz.
La plaza, destinada a coordinar actividades de conservatorios, habría sido adaptada a las necesidades personales del hermano del presidente, lo que constituye el núcleo de la acusación de trato de favor. La juez instructora, Beatriz Biedma, consideró acreditados los indicios suficientes para abrir juicio oral, postura respaldada por la Audiencia Provincial en diferentes autos.
El factor Gallardo: de investigado a candidato aforado
El aplazamiento tiene un efecto no menor: Gallardo comparecerá a la vista ya como diputado en pleno derecho y, por tanto, aforado. Tras encabezar la candidatura socialista en las elecciones extremeñas de diciembre, está garantizado que obtenga escaño; ello abre la puerta a solicitar que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Esta circunstancia no es baladí. El TSJEx ya denegó a Gallardo un intento previo de aforamiento exprés —mediante dimisiones encadenadas de compañeros de lista— señalando el procedimiento como “ilegal”. Sin embargo, la vía electoral le ofrece ahora un blindaje distinto: el aforamiento es automático una vez consolidada su condición parlamentaria.
Queda por ver si las defensas reactivan su solicitud de cambio de tribunal tras la toma de posesión. No sería un gesto extraordinario: es habitual que cargos públicos intenten desplazar su proceso a una instancia superior que, además, no es la que ya ha avalado los autos de instrucción.
El retraso del juicio coincide con un renovado cuestionamiento de la imparcialidad del tribunal encargado. El abogado de David Sánchez ha recusado al panel de tres magistrados argumentando que su conocimiento previo de la causa a lo largo de recursos y autos compromete su neutralidad. La defensa critica especialmente el uso de términos valorativos que, según señala, exceden el tono procesal esperado.
La acusada Juana Cintas —exresponsable de Recursos Humanos de la Diputación— se ha sumado a la recusación. Ambas defensas argumentan que el tribunal estaría “contaminado” al asumir postulados fácticos de la instructora y mostrar una predisposición contra los acusados.
Estas recusaciones, todavía no resueltas, añaden incertidumbre a un proceso ya sensible por su dimensión política y mediática.
El juicio, lejos de las urnas y cerca de un nuevo equilibrio
El aplazamiento disipa un escenario que podría haber coincidido en proximidad a los comicios autonómicos. Alejar la vista oral del foco electoral reduce el riesgo de un impacto emocional inmediato sobre los votantes y evita que testimonios, titulares o filtraciones influyan de manera directa en el discurso político en Extremadura.
Sin embargo, el nuevo calendario desplaza el caso al periodo posterior a la consolidación institucional de los cargos electos. Si Gallardo logra el aforamiento y logra trasladar la causa al TSJEx, el proceso podría adquirir un ritmo diferente, con tiempos judiciales más dilatados y un horizonte menos previsible.
La decisión de la Audiencia Provincial se sostiene en motivos técnicos, pero sus efectos se superponen con la lógica política.
Para los acusados, ganar tiempo supone reorganizar defensas, ajustar recursos y explorar vías procesales que no estaban disponibles antes de la cita electoral. Para el sistema judicial, el desafío será garantizar que el retraso —utilitario o accidental— no erosione la confianza pública en el proceso. @mundiario
