El juez Peinado cierra la investigación contra Begoña Gómez y la envía a un juicio con jurado popular
La decisión de procesar a Begoña Gómez marca un punto de inflexión en uno de los casos más sensibles de la legislatura. El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la fase de instrucción y considera que existen indicios suficientes para que la causa avance hacia un juicio con jurado popular por cuatro presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Más allá del contenido estrictamente judicial, el movimiento afecta directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pone en tela de juicio los límites en La Moncloa entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder.
El auto del magistrado —de 39 páginas— no solo da por finalizada la investigación, sino que sistematiza los indicios que, a su juicio, justifican la apertura de juicio oral. La causa, originada por denuncias del pseudosindicato Manos Limpias y ampliada por querellas de la agrupación ultracatólica Hazte Oír y el partido Vox, ha estado marcada por continuas controversias procesales y recursos de las defensas. Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en varias oportunidades el proceder del juez Peinado, incluidas varias imputaciones.
El juez sostiene que Gómez habría aprovechado su posición como esposa del presidente para influir en decisiones institucionales vinculadas a su actividad profesional, especialmente en el marco de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). De todos los delitos que Peinado imputa a la mujer de Sánchez, ha dejado por fuera el cargo por intrusismo profesional.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la defensa han defendido reiteradamente que los hechos carecen de relevancia penal y han solicitado el archivo del caso. Esa discrepancia anticipa que el proceso judicial estará lejos de ser un trámite.
El núcleo de la acusación: influencia, recursos y beneficio indirecto
El eje central del caso gira en torno al presunto delito de tráfico de influencias. Según el magistrado, se habría producido un “aprovechamiento singular” de la relación con el presidente del Gobierno para facilitar interlocuciones y decisiones favorables al proyecto académico y empresarial vinculado a Gómez.
En ese contexto, el uso de espacios institucionales como el Palacio de La Moncloa o la implicación de actores públicos y privados se interpretan como indicios de una dinámica que trasciende lo meramente académico. El propio juez recurre a una comparación histórica llamativa, al señalar que situaciones similares se remontan “al reinado de Fernando VII”.
“Por mucho que se busque (...) no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, evoca el magistrado.
A ello se suma la supuesta captación de apoyos empresariales —con grandes compañías implicadas— que, según la instrucción, no respondería exclusivamente a fines universitarios, sino también a intereses privados.
El juez incluye a Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés
El procesamiento no se limita a Gómez. El juez también propone llevar a juicio a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de Álvarez, la clave está en si su trabajo, financiado con recursos públicos, fue destinado a actividades privadas. Para el instructor, esto podría constituir malversación. Para la defensa, en cambio, su condición de personal eventual y la naturaleza de sus funciones excluyen ese delito.
Respecto a Barrabés, la investigación apunta a una posible relación de reciprocidad: apoyo al proyecto de la cátedra a cambio de respaldo institucional en procesos de contratación pública. Al empresario, el juez lo ubica como cooperador en el tráfico de influencias porque no se “limitó” a dictar dos clases en la cátedra que codirigía Gómez, sino que argumenta que existen otros indicios como sus reuniones en el palacio de La Moncloa, su asesoramiento sobre contenidos estratégicos del máster y “la coincidencia temporal de esa relación con la emisión de cartas de apoyo para las licitaciones de la UTE”.
La causa ha sido supervisada por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha avalado la línea principal de la investigación, aunque también ha corregido algunas decisiones del instructor. El paso actual —la propuesta de juicio con jurado— no es definitivo. Las partes disponen de un plazo para presentar alegaciones y las defensas mantienen abierta la vía de recurso. El futuro inmediato del procedimiento dependerá, en buena medida, de esas decisiones. @mundiario
