Cerdán traslada al juez que el PSOE ya conocía la información de Leire sobre las saunas del suegro de Sánchez
La comparecencia de Santos Cerdán como testigo ante el juez instructor ha añadido un nuevo elemento a la investigación que analiza las actividades atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario Javier Pérez-Dolset. Según su testimonio, tras una reunión mantenida en la sede del PSOE en 2024, Antonio Hernando le indicó que la información relativa al negocio de saunas del padre de Begoña Gómez —procedente de materiales vinculados al excomisario José Manuel Villarejo— ya era conocida dentro del partido y estaba incorporada a procedimientos judiciales previos.
Cerdán explicó que acudieron a la reunión porque la documentación ofrecida por los asistentes “podía interesar” al partido, aunque sostuvo que no recibió información previa sobre que el contenido afectara a la familia del presidente del Gobierno. Una vez constatado que los datos no aportaban novedades, afirmó que no continuó con el seguimiento del asunto ni tuvo acceso a documentación concreta.
Las declaraciones se enmarcan en una causa judicial que investiga si Díez y Pérez-Dolset habrían impulsado acciones destinadas a desacreditar a altos mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el presunto objetivo de “malbaratar” las investigaciones de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. En ese contexto, el juez citó como testigos a Cerdán y a Hernando para aclarar el motivo de los encuentros mantenidos con ambos.
Hernando confirmó en sede judicial su presencia en una de las reuniones, a la que acudió —según explicó— por su experiencia parlamentaria en asuntos relacionados con el Ministerio del Interior y las investigaciones sobre la denominada “policía patriótica”. También indicó que la información presentada no resultaba novedosa y que su contenido ya había sido difundido con anterioridad.
Cerdán niega pagos a Leire
Durante su declaración, Cerdán subrayó que el PSOE no realizó pagos por la información recibida y que la documentación facilitada quedó en manos de los servicios jurídicos del partido, quienes posteriormente la trasladaron a la Justicia. Asimismo, afirmó que no informó al presidente del Gobierno sobre el contenido de la reunión ni sobre los audios mencionados en ella.
El exsecretario de Organización socialista negó además que hubiera mantenido una relación profesional o de colaboración estable con Leire Díez, así como que esta actuara bajo sus instrucciones. Según su versión, el contacto con la exmilitante se limitó a los encuentros vinculados a la entrega de información y a comunicaciones posteriores de carácter personal.
El episodio se produce en un contexto político marcado por diversas investigaciones judiciales que afectan al entorno gubernamental y por el debate recurrente sobre el uso de informaciones sensibles en la confrontación partidista. La referencia a los materiales asociados al comisario Villarejo reintroduce en el debate público la discusión sobre las supuestas operaciones de espionaje político desarrolladas en la última década y su utilización en la pugna política.
Aunque la investigación judicial se centra en las actuaciones atribuidas a Díez y Pérez-Dolset, las declaraciones de los testigos reflejan la complejidad del caso, en el que convergen elementos de disputa política, filtraciones de información y estrategias de defensa jurídica. El desarrollo del procedimiento determinará el alcance real de las responsabilidades y el impacto que estas revelaciones puedan tener en el escenario político nacional.
