Cerdán desvincula a Sánchez de sus contactos con Leire Díez
La investigación judicial sobre las reuniones mantenidas por Leire Díez con dirigentes socialistas ha añadido este lunes nuevos matices al relato político y judicial que rodea el caso. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, compareció como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y aseguró que no trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la existencia de los encuentros que mantuvo con la exmilitante socialista en abril de 2024. Según su declaración, se trató de conversaciones que no llegaron a escalar a la cúpula del Ejecutivo.
Cerdán reconoció además que habló con Díez tras su salida de prisión, un extremo que refuerza la relevancia personal y política de una relación ahora bajo la lupa judicial. Ambos encuentros forman parte del contexto de una causa en la que Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset están imputados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. El magistrado investiga si ambos impulsaron un plan para desacreditar a responsables de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de erosionar investigaciones que afectaban a políticos y empresarios cercanos al entorno socialista.
En la misma línea se pronunció Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, que confirmó su presencia en una de las reuniones celebradas en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Hernando explicó que acudió durante un breve espacio de tiempo y que el contenido principal del encuentro giró en torno a información que Díez habría aportado sobre supuestos seguimientos realizados por la llamada “policía patriótica” al presidente del Gobierno, a su entorno más cercano y a sus hijas, así como sobre investigaciones relacionadas con el suegro de Sánchez.
Según su testimonio, Díez no solicitó contraprestaciones económicas ni ofreció acuerdos a cambio de esos datos. Hernando aseguró que trasladó posteriormente esa información a los servicios jurídicos del partido y que se puso en conocimiento de la Audiencia Nacional, aunque sin que prosperara ninguna actuación judicial. También afirmó que no informó a sus superiores del detalle de la reunión, subrayando el carácter limitado y puntual de su participación.
La declaración se desarrolló en un ambiente de expectación mediática. Hernando llegó a los juzgados con antelación para evitar la presión de las cámaras y permaneció durante horas en las instalaciones judiciales antes de comparecer. A su salida, fue recibido por consignas críticas de un grupo de funcionarios concentrados en las inmediaciones, reflejo del clima de tensión que rodea el caso.
La causa se apoya en un entramado de reuniones y contactos que se extienden más allá del ámbito del PSOE. En el sumario figuran otros encuentros de Díez con empresarios y con antiguos responsables de la Fiscalía Anticorrupción, algunos de ellos grabados, que contradicen su versión de que actuaba de manera independiente en el marco de un trabajo periodístico. En una de esas grabaciones, se la escucha presentarse como una persona designada por el PSOE para investigar las denominadas cloacas policiales y judiciales, lo que choca con la tesis de que sus actuaciones eran ajenas al partido.
Mientras la investigación avanza, el foco judicial se mantiene en esclarecer si aquellas reuniones respondían a una iniciativa informativa sin consecuencias penales o si formaban parte de una estrategia coordinada para influir en procesos judiciales sensibles. Las declaraciones de Cerdán y Hernando buscan marcar distancias con la dirección del Gobierno y limitar el alcance político del caso, pero dejan abiertas preguntas clave sobre el origen, el propósito real y las implicaciones de unos encuentros que siguen generando incógnitas. @mundiario
