Hacienda detecta irregularidades en 11 contratos de Adif y Carreteras investigados en el caso Koldo
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha identificado diversas irregularidades en once contratos de obra pública adjudicados durante la etapa del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al frente del Ministerio de Transportes.
El documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, examina licitaciones del Adif y de la Dirección General de Carreteras y apunta a patrones de actuación que habrían podido alterar la competencia en concursos públicos vinculados al llamado caso Koldo.
El análisis elaborado por la Intervención General del Estado examina cinco contratos ferroviarios y seis de carreteras adjudicados entre 2018 y 2021, periodo en el que el Ministerio de Transportes estaba dirigido por Ábalos. La investigación judicial analiza si determinadas adjudicaciones pudieron ser manipuladas para favorecer a empresas concretas en el marco de una presunta trama en la que también estarían implicados el exasesor ministerial Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El informe de la IGAE no atribuye responsabilidades directas a personas concretas, pero sí describe irregularidades técnicas en los procedimientos de adjudicación que, según el organismo, pudieron influir de forma determinante en el resultado de los concursos.
La sobrevaloración de criterios subjetivos
Uno de los elementos más relevantes detectados por los interventores es el uso de criterios evaluables mediante juicios de valor —es decir, puntuaciones subjetivas— que habrían tenido un peso determinante en la adjudicación final. Según el documento, en varias licitaciones las empresas que presentaban ofertas económicamente menos ventajosas para la administración terminaron imponiéndose a otras con precios más bajos.
La razón habría sido la amplificación de las puntuaciones obtenidas en los criterios subjetivos, lo que generaba diferencias decisivas en la valoración global. Los expertos del organismo fiscalizador señalan que la fórmula empleada permitía aumentar significativamente las diferencias en estas puntuaciones, dificultando que una empresa con mejor oferta económica pudiera competir con aquellas que obtenían notas más altas en la valoración técnica.
Este patrón coincide con lo ya apuntado por la investigación de la Guardia Civil a través de la Unidad Central Operativa (UCO), que había advertido de una posible “sobrevaloración arbitraria” de las puntuaciones subjetivas en algunos contratos.
Modificaciones y sobrecostes en las obras
El informe también identifica irregularidades en la fase posterior a la adjudicación de los contratos. En al menos tres proyectos, los interventores detectaron modificaciones del contrato antes incluso de que comenzaran las obras, bajo el argumento de que existían defectos en el diseño inicial. Estas modificaciones supusieron incrementos relevantes del coste final de las obras y, según la IGAE, no estarían amparadas por la normativa de contratación pública.
Un caso especialmente significativo es el de la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla. El contrato, adjudicado inicialmente por unos 88 millones de euros a una unión temporal de empresas en la que participaba Acciona, terminó superando los 102 millones tras modificaciones que incrementaron el coste en más de cinco millones de euros, entre otros motivos por una revisión del precio del acero.
Otro de los patrones detectados por los interventores se refiere a los sobrecostes aplicados tras la adjudicación. Según el informe, las modificaciones del precio final de las obras se mantenían sistemáticamente por debajo del 20% del importe inicial del contrato.
Este detalle resulta relevante desde el punto de vista jurídico. La normativa de contratación pública establece que superar ese porcentaje puede provocar la resolución del contrato o requerir la intervención de órganos de control como el Consejo de Estado. Por ello, el informe apunta a la posibilidad de que los cambios se mantuvieran deliberadamente por debajo de ese umbral para evitar mecanismos adicionales de fiscalización.
Expedientes tramitados con rapidez inusual
El documento también llama la atención sobre la celeridad con la que se aprobaron algunos expedientes administrativos. Un ejemplo destacado es el proyecto para el soterramiento de las vías ferroviarias en Murcia, donde el proyecto, el gasto y los pliegos administrativos se aprobaron el mismo día en el consejo de administración de Adif en julio de 2018. La IGAE subraya que este tipo de tramitaciones extremadamente rápidas resultan inusuales en proyectos de gran envergadura técnica y económica.
Entre las compañías adjudicatarias de los contratos bajo análisis figuran grandes empresas del sector de infraestructuras.
En las licitaciones ferroviarias de Adif aparecen sociedades como Acciona, Ferrovial —a través de su filial Ferrovial Agroman—, así como la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y otras compañías agrupadas en uniones temporales de empresas. En los contratos de carreteras también se repiten adjudicatarias como Acciona, LIC o la constructora Obras Públicas y Regadíos. Algunos directivos de estas empresas han comparecido ya como investigados en el marco de la investigación judicial. @mundiario
