El Gobierno se implica a fondo en la defensa de García Ortiz mientras Díaz azuza las protestas
La dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación ha abierto un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Desde Angola, donde participa en la cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea, Pedro Sánchez ensalzó la trayectoria del ya exfiscal general, destacando su “respeto y consideración” hacia él y describiéndolo como un “servidor público” que ejerció “con profesionalidad” su responsabilidad al frente de la Fiscalía.
El presidente evitó desvelar el nombre del sustituto que propondrá el Ejecutivo, aunque confirmó que el proceso ya está activado. “Lo que puedo decir es que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo”, dijo Sánchez ante los periodistas.
El líder del PSOE ha expresado “todo mi respeto y consideración” a la figura del fiscal general del Estado, y afirmó que se enteró de la carta de García Ortiz a través de los medios de comunicación, de la cual se desprende que “refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General todo este tiempo”. En una carta enviada al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general anuncia que deja el cargo de fiscal general en “profundo respeto a las resoluciones judiciales” tras la sentencia del Supremo y que, en consecuencia, ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.
Mientras Sánchez adopta un tono institucional, su gabinete se muestra más severo con el Supremo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, calificó como “extraordinario” que el tribunal avanzara su fallo sin la sentencia redactada y lamentó que la resolución no fuese unánime, recordando que en casos anteriores de gran envergadura ―como el del procés― se buscó hasta el final un consenso total entre magistrados.
Aunque el Gobierno insiste en que acata la decisión, también subraya que existen vías judiciales pendientes, incluido un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. La expectativa en el Ejecutivo es que el alto tribunal, con mayoría progresista, pueda reconsiderar algunos aspectos del fallo, que el ministro Bolaños considera susceptible de revisión.
Yolanda Díaz, el llamamiento a las calles
El socio minoritario del Gobierno ha optado por un discurso claramente más confrontativo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enmarcado la condena como una “sentencia política”, denunciado una “intervención en la política española” por parte de sectores judiciales y calificando el caso como un “punto de inflexión” en el que “parte de la judicatura se cree impune y ha tomado parte vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes”.
Desde Sumar se ha aplaudido que hayan surgido concentraciones espontáneas frente al Tribunal Supremo y se ha pedido aumentar la movilización ciudadana. “Salgamos a defender la democracia. No al Gobierno, sino nuestros derechos”, reclamó Díaz, afirmando que la decisión del Supremo forma parte de una ofensiva “reaccionaria” contra el Ejecutivo y contra el propio Estado de derecho.
Su partido ha reforzado esta línea: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, definió la sentencia como una “maniobra” para interferir en la política, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, insistió en que el juicio “no solo va del fiscal general del Estado, sino de esta ofensiva reaccionaria a los pilares básicos del Estado de derecho”.
Las reacciones de los socios: del ‘lawfare’ al “golpe blando”
Las críticas al Supremo han resonado también entre otros socios del Gobierno. Podemos, BNG, EH Bildu y Junts coinciden en denunciar una “politización” de sectores judiciales, con referencias explícitas al “lawfare” y advertencias de un “acoso y derribo” contra el Ejecutivo.
Podemos exige una reforma profunda del Poder Judicial; el BNG y EH Bildu alertan de que lo sucedido refleja una deriva preocupante en la separación de poderes; y Junts integra la dimisión en su relato sobre la “debilidad” de Sánchez ante una justicia que, aseguran, mantiene posiciones politizadas.
El relevo en la Fiscalía General del Estado llega en un momento de creciente polarización política e institucional. La condena a García Ortiz, la respuesta del Gobierno y la convocatoria de protestas por parte de Sumar dibujan un escenario en el que la relación entre el Ejecutivo y parte del Poder Judicial afronta uno de sus momentos más tensos desde 2017.
El Gobierno busca proyectar la imagen de continuidad institucional; sus socios, un pulso político contra lo que consideran una interferencia judicial; y la oposición, un ejemplo de deterioro institucional. En medio, queda pendiente la designación del nuevo fiscal general, cuyo perfil y aval marcarán los próximos capítulos de esta crisis. @mundiario
