Sánchez sostiene la inocencia de García Ortiz y apunta al Constitucional para un posible rescate
La nueva reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la condena del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz marca otro capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. Desde Johannesburgo (Sudáfrica), donde participaba en la cumbre del G20, el presidente defendió nuevamente la “inocencia” del fiscal general del Estado, al tiempo que confirmó que ya está en marcha el procedimiento para nombrar a su sustituto.
La decisión del Supremo, que inhabilita a García Ortiz durante dos años por revelación de datos personales, es firme; no obstante, Sánchez sostiene que aún quedan vías jurisdiccionales por explorar.
Para el presidente, el fallo es acatable pero discutible. Insiste en que su discrepancia se basa en los testimonios de periodistas especializados que, según él, descartan que García Ortiz fuera el origen de las filtraciones relacionadas con el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su exposición, Sánchez buscó diferenciar claramente su postura de la de sus socios de coalición, subrayando que nunca ha cuestionado la independencia de la Sala Segunda del Supremo ni ha insinuado la intención de controlarla.
El núcleo de su argumentación reside en un matiz jurídico y político: la sentencia, asegura, contiene elementos que podrían ser revisados por el Tribunal Constitucional. Lo expresó abiertamente al afirmar que algunas cuestiones del fallo deberán dirimirse en otras instancias, una idea que ya había anticipado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
“Hay otras instancias donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos aspectos de esta sentencia, cuando se conozca, que pueden ser controvertidos”, explicó el mandatario a los periodistas. El Gobierno considera que el caso no está cerrado, sobre todo a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución.
Mientras tanto, la sucesión al frente de la Fiscalía General del Estado permanece envuelta en discreción. Sánchez no quiso avanzar nombres y solo señaló que el relevo recaerá en una persona de amplia trayectoria jurídica, siguiendo –dijo– la línea de los anteriores nombramientos del Ejecutivo, por lo que se espera que tenga carácter meramente progresista.
Las reacciones en el entorno gubernamental han sido más contundentes que las del propio presidente. Dirigentes del PSOE y socios de la coalición han denunciado un fallo “injusto” y han insinuado la existencia de un supuesto “sesgo político” en el Poder Judicial. Voces de Sumar y Podemos han ido más lejos, llegando a calificar la situación de “lawfare” o incluso de “asesinato civil” del fiscal. Estas críticas desembocaron en una protesta en Madrid, donde sectores de la izquierda mostraron su rechazo al dictamen del Supremo.
La condena a García Ortiz, que incluye además el pago de una multa y una indemnización por daños morales, ha generado malestar en el Gobierno, especialmente por el margen de la votación (cinco votos contra dos). No obstante, Sánchez se ha esforzado por intentar mantener un tono institucional en su amalgama de acatamiento formal y defensa política directa del fiscal general.
📹 Pedro Sánchez, sobre la condena a Álvaro García Ortiz: "Creo en la inocencia del fiscal general del Estado" pic.twitter.com/FXkb4RwJ7O
— Cadena SER (@La_SER) November 23, 2025
Con la sentencia a punto de ser publicada y el proceso de sustitución ya activado, el horizonte inmediato pasa por la estrategia jurídica que pueda desplegar la defensa de García Ortiz. El Ejecutivo mira hacia el Tribunal Constitucional, donde existe una mayoría progresista que en los últimos años ha avalado decisiones clave para el Gobierno, como la ley de amnistía o la revisión de las condenas de los ERE. También se considera, aunque en segundo plano, un eventual recurso ante instancias europeas.
El escenario que dibuja Sánchez es claro: mantener la calma en su entorno, preservar la figura de García Ortiz y confiar en una futura revisión que modifique o matice los fundamentos de la condena. Una combinación que busca equilibrar la gestión de la crisis con la defensa política de uno de los cargos clave del sistema judicial español. @mundiario
