Los fiscales del juicio político presentan pruebas contra Donald Trump
Otra jornada de presión máxima en Washington contra un polémico expresidente. Por primera vez en la historia de la mayor potencia mundial, un mismo presidente es sometido en dos ocasiones a un juicio político. El objetivo de los principales actores garantes de esa democracia es impedir que vuelvan a repetirse hechos de terrorismo doméstico contra el Estado. Los alegatos de la parte acusadora se han basado en videos que demuestran el comportamiento insurreccional, extremista, violento y agresivo de los seguidores extremistas. Entonces, el objetivo de los llamados ‘gestores’ del impeachment (congresistas demócratas que hacen las veces de fiscales especiales) con esas evidencias es sustentarlas con argumentos que permitan establecer una conexión entre el lenguaje de Trump y las consecuencias derivadas de su discurso minutos antes del asalto al Capitolio el 6 de enero.
Este miércoles, una vez determinada la constitucionalidad del juicio al expresidente, los gestores del impeachment, empezaron su exposición oral de argumentos para demostrar que los hechos violentos contra el Congreso y contra la democracia fueron el resultado de la influencia política de Donald Trump, por lo cual la parte acusadora mantiene su posición de que hay lugar a una responsabilidad directa del entonces presidente sobre el delito de incitación a la insurrección, que a su vez es un delito de sedición y traición, pero eso ya sería competencia en materia penal si la justicia civil decide juzgar a Trump en otro proceso no político, como sí es el caso actual en el Senado (Cámara alta del Congreso).
El problema central radica en que, aunque los fiscales tengan una base sólida de argumentos políticos, administrativos y civiles contra el acusado, Donald Trump sigue teniendo influencia sobre la mayor parte del grupo de senadores republicanos que, precisamente, decidirán el veredicto final del juicio: 11 de 17 (6 ya se unieron a la acusación de los demócratas) deberán tomar partido a favor o en contra de declarar culpable a Trump, pues si se llega al umbral de 67 senadores (dos tercios de la cámara de 100), entonces habrá sanción política-administrativa para Trump: inhabilitación de por vida para volver a ejercer cargos públicos en el futuro.
El martes, el líder del equipo acusador presentó un video de 13 minutos que mostró la violencia del asalto al Capitolio a los senadores para que estos pudieran juzgar de acuerdo con la magnitud y la gravedad de los hechos. En ese momento, esos mismos legisladores fueron testigos del atentado y hoy son miembros del jurado, se intuyó la estrategia de la acusación. “Este no puede ser el futuro de Estados Unidos”, dijo el senador Raskin. Por lo tanto, la base argumentativa de los demócratas es que los mecanismos de control del Senado y del juicio político permitan evitar el ascenso al poder de figuras autoritarias, ya sea Trump o líderes similares a él, siempre aludiendo al bienestar de la democracia y del Estado de derecho.
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“No podemos tener presidentes que inciten a la violencia porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo”, apuntó con vehemencia el jefe manager del impeachment. Otro de los archivos en el expediente de pruebas de los acusadores es el conjunto de grabaciones exactas en varios rincones del edificio del Senado, que muestran el comportamiento anticívico de los perpetradores del atentado contra los oficiales de seguridad del Capitolio. Entonces, esa retórica de los demócratas pasa por convencer a los republicanos de imputar una culpabilidad a Trump, no por intereses o sesgos políticos, sino por consenso demócratico y deber institucional basado en la protección del Estado derecho, pues esa es la principal función del Congreso. @mundiario
