El fantasma de Hacienda vuelve: Anticorrupción reabre el foco sobre Montoro
La causa que investiga una supuesta trama de influencias en el corazón del Ministerio de Hacienda vuelve a sacudirse el polvo. Después de meses de parálisis procesal, recursos pendientes y un secreto de sumario que se alargó casi siete años, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido pisar el acelerador en el conocido como caso Montoro. Y lo hace con una petición clara: más tiempo y más documentos.
La fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado al juez instructor de Tarragona ampliar la investigación iniciada en 2018 y ordenar una nueva batería de diligencias centradas en el despacho Equipo Económico y en su fundador político más conocido, el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro. El objetivo no es menor: aclarar si existió una estructura capaz de convertir la cercanía al poder en legislación favorable para grandes empresas gasistas.
El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona mantiene imputadas a 28 personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude en la Administración Pública. Entre ellas, Montoro y una larga lista de ex altos cargos de Hacienda y de la Agencia Tributaria. La investigación se mueve en un terreno especialmente delicado: el de la frontera entre el asesoramiento privado legítimo y la utilización del poder público como palanca de negocio.
La Fiscalía sostiene que la causa no está agotada ni mucho menos. Al contrario. En un escrito fechado el pasado jueves y que avanza EL PAÍS, defiende que “la propia investigación demanda nuevas diligencias” y rechaza de plano las críticas de las defensas, que califican la instrucción de excesiva, injustificada y territorialmente incompetente. Para Anticorrupción, el juez ha actuado con “escrupuloso y exquisito comportamiento”.
Una investigación que quiere salir del letargo
La solicitud de Anticorrupción llega en un momento clave. La Audiencia Provincial de Tarragona estudia varios recursos que podrían afectar al futuro del caso, desde la competencia del juzgado hasta la legalidad del largo periodo de secreto. Con ese escenario de fondo, la Fiscalía opta por avanzar y blindar la investigación con más pruebas documentales.
Entre las diligencias solicitadas figuran correos electrónicos, escrituras notariales, hojas registrales completas, cuentas anuales y memorias desde 2008 hasta 2025 de Equipo Económico y de sus denominaciones anteriores. La fiscal quiere reconstruir, pieza a pieza, la evolución del despacho y su entramado societario para comprobar si hubo ocultación de bienes o maniobras patrimoniales sospechosas.
El foco en los vínculos personales y familiares
Uno de los aspectos más sensibles de la petición es la ampliación de información sobre los regímenes económicos matrimoniales de varios imputados, incluidos Cristóbal Montoro y su hermano Ricardo. La investigación también alcanza a exsecretarios de Estado, exdirectivos de la Agencia Tributaria y antiguos colaboradores directos del ministro.
Este enfoque no es casual. Para Anticorrupción, entender quién era titular de qué, durante cuánto tiempo y bajo qué fórmulas legales es clave para determinar si el despacho funcionaba como un simple asesor o como una plataforma de influencia con tentáculos en la Administración.
Las gasistas y la pregunta incómoda: ¿qué se pagó realmente?
La Fiscalía ha pedido además a las empresas gasistas implicadas que aporten estudios, trabajos y documentación que acrediten que Equipo Económico realizó servicios reales por los que cobró 673.500 euros, según la UCO de la Guardia Civil. Aquí está el núcleo del caso: si esos pagos respondían a asesoramiento técnico o si eran, en la práctica, el precio de un acceso privilegiado al poder político.
Un correo interno localizado al inicio de la causa resume la sospecha con crudeza: el despacho era “la vía más directa” porque tenía “contacto directo con el ministro”. Esa frase, más que cualquier cifra, explica por qué el caso Montoro sigue incomodando.
Por otro lado, Equipo Económico se defiende alegando que Montoro salió del despacho en 2008 y que nunca se detectaron comisiones ilegales. Pero la Fiscalía no investiga solo delitos concretos: investiga un modelo. El de las puertas giratorias, la influencia opaca y la confusión entre lo público y lo privado. @mundiario
