Las explicaciones de Juan Carlos I y la Ley de la Corona, necesidad inaplazable

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Felipe VI y Juan Carlos I. / Casa Real
Pedro Sánchez, que ahora pide explicaciones a Juan Carlos I, anunció hace meses su propósito de poner en marcha la Ley de la Corona. 
Las explicaciones de Juan Carlos I y la Ley de la Corona, necesidad inaplazable

Al regresar a España recuperar el trono, por el tratado de Valençay y la derrota de del corso en nuestro país, tras su cómodo exilio como huésped de Napoleón, a quien felicitaba por sus victorias sobre los españoles que morían por devolverlo al trono, el felón Fernando VII, además de anular la Constitución de Cádiz, tomó medidas para que padre Carlos IV no regresara nunca a España ni pudiera disputarle la corona. Para ello le pagó las rentas atrasadas (que le había otorgado el emperador)  y le asignó una pensión anual de 12 millones de reales a condición de la definitiva renuncia a la corona y quedarse en Roma para siempre. Me acordaba yo de este episodio ante la situación futura del rey honorífico Juan Carlos I como si, salvadas las distancias y los episodios, la historia de los Borbones quisiera presentarnos ciertas similitudes, cuando el padre de Felipe VI anuncia su propósito de volver de vez en cuando a España y seguir residiendo en el extranjero. Lo que uno se pregunta es de qué va a vivir el mal llamado rey emérito, puesto que en este caso no se prevé que como hizo Fernando VI con Carlos IV, su hijo le asegure sueldo alguno, que le fue suprimido, luego de que Juan Carlos renunciara a toda función institucional y el conocimiento de sus escándalos.

Pero al margen de estas curiosas anécdotas de la historia, hay dos evidencias necesarias: una que, como ha dicho el presidente del Gobierno, Juan Carlos I tiene que hacer algo más que lamentar que la opinión pública conozca las trapacerías de su pasada vida privada, sino dar una explicación a los ciudadanos, y que los dos grandes partidos dinásticos, el PP y el PSOE actual han de acometer de una vez la pendiente Ley de la Corona, pendiente desde tiempos en que Zapatero y el PP de entones consideraron que era un asunto que no requería ser acometido con urgencia. Al poco de instalarse en la Moncloa, se anunció que Pedro Sánchez tenía entre sus prioridades profundizar en la modernización de la monarquía, de acuerdo con la propia voluntad de Felipe VI, que ya diera algunos pasos en ese sentido con respecto a la propia Casa Real y sus miembros en materia de negocios y actividades privadas.

Cabe recordar que el profesor Jorge de Esteban, reconocida autoridad en Derecho Constitucional, ya advertía hace ocho años de la necesidad de regular la actividad real y de la familia mediante una disposición específica que, de existir en su momento, hubiera evitado casos como el de Urdangarín o el propio Juan Carlos I. Decía experto citado que era necesaria una Ley Orgánica de desarrollo del Título II de la Constitución, la Ley de la Corona, que despejara las incertidumbres sobre el futuro de la Corona. La fórmula propuesta se justifica por la complicación que encierra el articulo 168 de la Constitución, para poder modificar cualquier aspecto del Título II. Claro que uno de los aspectos esenciales como la inviolabilidad y la separación de las responsabilidades del jefe del Estado entre sus actos como tal, refrendado por un ministro, o los de carácter exclusivamente privado. Y este es el aspecto propiamente más polémico de los actos del mal llamado rey emérito.

La necesaria ejemplaridad de la institución

Por tanto, es necesario prever todos los aspectos que pueden adoptar las funciones que atribuye la Constitución a la Corona porque van dirigidas a mostrar la ejemplaridad de esta institución, de acuerdo con la ética y costumbres del momento. De este modo, podemos establecer siete cuestiones que debería regular la Ley Orgánica citada. El profesor de Esteban ha enumerado siete puntos que la citada ley orgánica debería contemplar. El primero se refiere a la transparencia de la Corona y los gastos de su lista civil, conocer de modo detallado en que se gasta el presupuesto, lo que afecta a la propia vida privada del rey, en cuanto hay que procurar que esos actos no afecten al prestigio de la Corona. En segundo lugar, ha de establecerse –para evitar hechos del pasado como el asunto de Botswana- la necesidad de que el presidente del Gobierno autorice, o se le comunique previamente, los viajes privados del Rey. Otro punto se refiere a explicar las funciones del príncipe heredero. Otra cuestión se refiere al caso de divorcio del rey o la reina. También debería regularse la diferencia entre la Familia Real y la familia del Rey y sus incompatibilidades, régimen de regalos, etc., si bien por iniciativa propia Felipe VI ya existe un Código ético al respecto en la Casa Real. En ese sentido, la futura Ley de la Corona debería contemplar las incompatibilidades del personal de aquélla, para evitar escándalos como el de uno de sus últimos secretarios, que fue condenado por el uso de las “tarjetas black”.

Punto esencial es regular con precisión la abdicación del rey mediante una rigurosa ley orgánica. Otros expertos van más allá e insisten en que cuando el rey fuera sorprendido en actos privados que conllevarían la responsabilidad penal o civil de cualquier ciudadano, no pueda invocarse la inviolabilidad, como ha ocurrido con Juan Carlos, y apuntan incluso que, en ese caso, no le quedara otro camino al rey que abdicar. @mundiario

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