España choca con el muro del consenso europeo en su cruzada lingüística
El esfuerzo desplegado por el Gobierno de Pedro Sánchez es innegable. Desde hace más de dos años, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha articulado una ofensiva diplomática en favor del catalán, el euskera y el gallego. Se ha presentado un expediente técnico cuidado, se ha puesto sobre la mesa el peso demográfico y cultural de estas lenguas —habladas por cerca de 20 millones de personas—, y se ha buscado el apoyo de los socios europeos apelando a los principios fundacionales de diversidad cultural y respeto a las identidades nacionales. Sin embargo, el camino hacia la unanimidad exigida para una decisión de esta índole sigue plagado de obstáculos.
Lo que para España representa una expresión legítima de su pluralidad interna, en otras capitales europeas se observa con recelo. ¿La razón? El temor a sentar un precedente que reactive demandas similares desde otras minorías lingüísticas en sus propios territorios. Francia, por ejemplo, observa la propuesta española con una mezcla de simpatía diplomática y pavor institucional, consciente de que cualquier concesión europea puede alimentar reivindicaciones internas sobre el bretón, el corso o el occitano. Suecia, Finlandia o Austria, por su parte, apelan a la necesidad de evaluar los costes y consecuencias jurídicas, como si el multilingüismo fuera un lujo en tiempos de ajuste presupuestario.
Resulta llamativo que lenguas oficiales en sus respectivos estados y con décadas de presencia institucional aún tengan que mendigar su reconocimiento en Europa. Mientras lenguas con menor peso demográfico, como el maltés o el gaélico irlandés, han logrado el estatus oficial, las lenguas españolas siguen esperando turno. ¿Es una cuestión técnica o, más bien, una falta de voluntad política? ¿Un debate jurídico o una forma encubierta de evitar abrir una caja de Pandora identitaria?
La respuesta de Bruselas, aunque revestida de prudencia, evidencia un déficit de coherencia. La UE se define como un espacio de integración que valora la diversidad cultural, pero en la práctica opera con un modelo lingüístico anclado en equilibrios de poder y pragmatismo administrativo. Reconocer más lenguas implica costes, sí, pero también supone avanzar hacia una Europa más inclusiva, en la que la pluralidad no sea vista como un problema, sino como un valor.
Desde el Gobierno español se insiste en que el compromiso es “irrenunciable e irreversible”, y se ha hecho un llamamiento a todos los partidos nacionales para cerrar filas en Europa. Pero, como en tantas otras cuestiones, el consenso interno brilla por su ausencia. La denuncia del ministro Albares sobre el presunto boicot del Partido Popular a la iniciativa añade una capa más de complejidad a un proceso que, para prosperar, necesita no solo alianzas internacionales, sino una posición sólida y compartida desde dentro.
Al final, lo que está en juego no es solo el reconocimiento formal de tres lenguas. Es una visión de Europa: la que se atreve a integrar lo diverso sin miedo a fragmentarse. Si Bruselas sigue retrasando esta decisión por cálculos internos o presiones nacionales, corre el riesgo de enviar el mensaje de que la diversidad es bienvenida… solo cuando no incomoda. Y ese sería, quizás, el mayor fracaso político de todos. @mundiario
