La batalla por el catalán, euskera y gallego en la UE que definirá la legislatura de Sánchez

La oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE ha pasado de ser un compromiso electoral a convertirse en un test crucial para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Más allá de su valor simbólico y cultural, el reconocimiento de estas lenguas —habladas por cerca de 20 millones de ciudadanos como recordó el lunes el ministro de Exteriores José Manuel Albares— se ha vinculado directamente con los pactos que hicieron posible la investidura del presidente, en especial con Junts. La propuesta, presentada como una ampliación singular del marco lingüístico comunitario sin necesidad de modificar los tratados, ha topado con resistencias jurídicas, económicas y, sobre todo, políticas.

El Consejo de Asuntos Generales de la UE ha vuelto a ser el escenario de una negociación que refleja hasta qué punto se cruzan los intereses nacionales y las dinámicas internas del Parlamento Europeo. Países como Italia, con gobiernos de perfil conservador, muestran reticencias apelando a la necesidad de garantías jurídicas. Otros, como los bálticos, temen que abrir la puerta a más lenguas oficiales siente un precedente que alimente sus propias tensiones internas con las minorías de habla rusa, cuyos derechos son un asunto también muy espinoso.

El proceso requiere unanimidad entre los Veintisiete Estados miembros, un requisito que complica cualquier avance. La estrategia de España ha sido clara: intensificar la presión diplomática, asumir el coste económico de las traducciones y presentar la iniciativa como un “traje a medida” que no afectará la operatividad de las instituciones comunitarias. Pese a ello, todo indica que la votación podría volver a aplazarse.

Este posible bloqueo no solo representa un revés para la política exterior del Gobierno, sino que también genera desgaste interno. Pedro Sánchez necesita mostrar avances en este frente para mantener la confianza de sus socios parlamentarios y justificar ante el electorado que los compromisos asumidos con las formaciones catalanas y vascas no eran meros gestos simbólicos.

El pulso político en clave nacional

En paralelo, el debate ha cobrado una dimensión partidista en España. El Partido Popular ha admitido haber contactado con gobiernos europeos donde tiene influencia para expresar su oposición a la propuesta. Desde el PP se acusa al Ejecutivo de “utilizar políticamente” las lenguas cooficiales y de “presionar” a socios europeos por una cuestión que califican de “inútil e innecesaria”.

Este tipo de intervenciones, si bien legítimas en términos de diplomacia paralela, refuerzan la percepción de que el debate no se está abordando desde una óptica institucional, sino como una herramienta de desgaste político. La paradoja es evidente: mientras el Gobierno apela a refrendar sus acuerdos con los partidos independentistas y nacionalistas (con apoyo del BNG, ERC y el PNV), la oposición lo ve como una cesión que, además, podría retratar a Sánchez como un político de influencias en Bruselas.

Para el Ejecutivo de Sánchez, la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE no es solo una cuestión cultural, sino un elemento estructural de su legislatura. En un contexto de alta fragmentación parlamentaria, cualquier retroceso en este frente puede ser interpretado por Junts o ERC como un incumplimiento de los acuerdos de investidura, poniendo en riesgo la gobernabilidad. El catalán en Bruselas se ha convertido, de facto, en una moneda política con valor legislativo.

Asimismo, el fracaso en esta iniciativa podría debilitar la narrativa del Gobierno sobre una España diversa, inclusiva y alineada con los valores europeos. La pluralidad lingüística, que es reconocida en la Constitución española, podría quedar desdibujada si el proyecto no avanza por resistencias externas que algunos actores internos estarían contribuyendo a alimentar.

Una decisión aplazada, pero no cerrada

De momento, todo apunta a que la votación será condicionada por nuevos informes jurídicos y negociaciones bilaterales. Pero el tema sigue sobre la mesa. El Gobierno insiste en que la iniciativa no implica modificar los tratados de la UE y que apenas afectaría a un porcentaje reducido de la legislación comunitaria. Además, ha reiterado su voluntad de cubrir los costes y aportar los recursos técnicos necesarios.

El reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE se ha convertido en una pieza esencial del tablero político español. El pulso abierto en Bruselas evidencia los límites de la diplomacia nacional en un entorno marcado por intereses cruzados. Pero también pone en relieve cómo decisiones aparentemente técnicas pueden tener implicaciones profundas en la gobernabilidad de un país.

La oficialidad sigue en el aire, pero su impacto —para bien o para mal— ya está dejando huella en el presente y futuro de la legislatura. @mundiario