España busca unidad frente a la guerra comercial de Trump, pero los recelos frenan el consenso
El Congreso de los Diputados vivió este miércoles una sesión marcada por la tensión política habitual, pero también por una inusitada voluntad de consenso... al menos en las formas. La comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para presentar el plan de respuesta del Gobierno a la guerra comercial desencadenada por EE UU bajo la presidencia de Donald Trump, sirvió como campo de prueba para testar si el Parlamento es capaz de dejar a un lado la confrontación y actuar con unidad ante una amenaza externa.
Sin embargo, el intento de mano tendida quedó en buena medida desdibujado por la desconfianza entre partidos, las sospechas de favoritismo hacia Cataluña y la ambigüedad del decreto gubernamental.
Desde el primer momento, todos los grupos —excepto por Vox— aseguraron estar dispuestos a dialogar y apoyar medidas que protejan a la economía española. Incluso el Partido Popular, con un tono más comedido del habitual en su portavoz económico, Juan Bravo, manifestó su voluntad de negociar. Sin embargo, esa disposición vino matizada por una exigencia: que el Ejecutivo actúe con transparencia y no ceda, como temen los populares, a presuntas exigencias del independentismo catalán. La acusación se centró en un punto especialmente sensible: el anuncio de Junts de que el 25% de las ayudas a empresas afectadas por los aranceles se destinarán a compañías catalanas.
Ese supuesto reparto proporcional, que según Junts reflejaría el peso de Cataluña en las exportaciones a EE UU, no aparece de forma explícita en el decreto publicado en el BOE. Pero el partido de Carles Puigdemont se ha esforzado en presentar el logro como un ejemplo de su capacidad de influencia sobre el Ejecutivo. Un discurso que el PP aprovechó para reforzar sus sospechas de nuevas “cesiones” del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo. El ministro Cuerpo, con un tono técnico y hasta irónico en algunos momentos, negó que exista favoritismo alguno y explicó que el reparto se basará en el balance de exportaciones de cada empresa en 2024, asegurando que no habrá “competencia entre empresas” para acceder a las ayudas.
Cuerpo, que hasta ahora había mantenido un perfil discreto desde que asumió la cartera económica, protagonizó su primera gran intervención parlamentaria con un discurso técnico de 45 minutos. Recalcó que la respuesta del Gobierno a la imposición de aranceles fue inmediata, apenas 12 horas después del anuncio de Trump, y que el plan presentado —14.100 millones de euros en créditos y avales— es abierto, flexible y se adaptará a la evolución de los acontecimientos. Subrayó que las medidas comerciales estadounidenses carecen de “racionalidad económica” y que su impacto será perjudicial no solo para Europa, sino especialmente para EE UU, principal damnificado, según su análisis.
Los partidos reaccionan a la unidad
La postura de Vox fue radicalmente distinta. El diputado José María Figaredo se centró en culpar a Sánchez de haber provocado la respuesta estadounidense, obviando cualquier crítica a Trump, a quien su grupo evita incluso nombrar. Esta actitud provocó el reproche directo del diputado de Sumar, Manuel Lago, quien acusó al partido de Santiago Abascal de alinearse con el agresor cuando su país está siendo atacado comercialmente. “¿Ninguno de ustedes se avergüenza?”, preguntó con vehemencia.
En paralelo, los grupos de izquierda marcaron posiciones con exigencias propias. Desde Sumar y Podemos se pidió limitar los despidos en las empresas beneficiarias de ayudas y se cuestionó la falta de medidas más ambiciosas, como una posible fiscalidad sobre las grandes tecnológicas estadounidenses. La diputada Noemí Santana, de Podemos, fue aún más lejos al proponer expropiar los activos de los fondos de inversión norteamericanos con intereses inmobiliarios en España.
La necesidad de una respuesta coordinada con Europa fue una constante en muchas intervenciones. Desde el PNV, Idoia Sagastizabal preguntó sin obtener respuesta si la Comisión Europea se plantea gravar a las tecnológicas estadounidenses. EH Bildu, por su parte, ofreció su colaboración para alcanzar un “programa de mínimos” y Coalición Canaria reclamó una atención especial para las regiones ultraperiféricas como las islas.
La mano tendida del Gobierno
En lo que respecta al fondo del decreto, el PP criticó que se haya optado únicamente por préstamos y avales, sin ayudas directas, y que no se especifiquen plazos ni condiciones claras. Juan Bravo urgió al Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado y a diseñar un plan económico de medio plazo con visión estratégica. Insistió además en que, si detectan “juegos políticos” o favoritismos, se retirarán de las negociaciones.
El ministro Cuerpo replicó que el Gobierno está preparado gracias a la experiencia acumulada en crisis recientes —pandemia, inflación, fenómenos climáticos extremos— y que el objetivo es evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia. “Tenemos identificadas 500 empresas que representan el 77 % de las exportaciones a EE UU, y tenemos que llegar a ellas”, sentenció.
La jornada parlamentaria dejó al descubierto tanto la posibilidad como los límites del consenso en la política española. La “mano tendida” existe, pero no está exenta de condiciones, recelos y agendas paralelas. El Gobierno busca una imagen de unidad para reforzar su posición en Europa y frente a EE UU, pero deberá hilar fino para sortear las sospechas internas y lograr una mayoría sólida que convalide su decreto en el Congreso. Porque, como advirtió Cuerpo, “este es el momento de Europa, de defender nuestro ADN común” —pero sin olvidar que, en la política española, lo común rara vez es un punto de partida. @mundiario
