La enmienda del PSOE, una propuesta más sutil y menos arriesgada que la de ERC

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España, y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña. / RR SS
Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España; y Pere Aragonès, presidente de la Generalidad de Cataluña. / RR SS.
La reforma del Código Penal está a la vista de todos debido a las pretensiones de los republicanos catalanes de rebajar las penas por malversación. El PSOE busca hacer una distinción clara y evitar la polémica. 
La enmienda del PSOE, una propuesta más sutil y menos arriesgada que la de ERC

El PSOE ya ha preparado su versión de la enmienda por el delito de malversación que busca descartar la aportada por ERC y que tiene como objetivo contentar a todas las partes. Esta enmienda transaccional busca tumbar la presentada por ERC en el Congreso y que como avisa La Vanguardia, estaría a efectos prácticos creando un nuevo delito. El PSOE cumple con rebajar la pena por el delito de malversación, pero garantiza que en ningún caso quede impune la liberación de fondos públicos para el referéndum ilegal.

El País tuvo acceso a la redacción del documento donde estipulan que las condenas por desvíos de dinero público se darán “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado”. Esto sin duda incluirá a los dirigentes del procés, quienes desvieron grandes cantidades de dinero para financiar el proceso independentistas en Cataluña, que serían hasta 2,3 millones de euros.

El PSOE justificará la rebaja de penas en el Código Penal vigente, que ya fue modificado en 2015 por el PP, en base a la “desproporción” que quedó tras aquella modificación, donde se igualó el comportamiento de corrupción pura, y que en pocas palabras es llevarse dinero de las arcas públicas a casa y lucrarse personalmente. Asimismo, la reforma busca reforzar la legislación contra la corrupción por medio de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. 

Con estas modificaciones y la insistencia del Gobierno de que ningún corrupto se beneficiará de esta reforma, el PSOE confía en evitar la polémica que ha provocado este cambio legal y así poder convercer a la opinión pública sobre las modificaciones que a juicio de los socialistas es necesaria, en especial, por los resultados que puede obtener en Cataluña donde busca dar un punto final al tema del procés. 

ERC confirmó que con su enmienda quedaban fuera de la malversación los comportamientos del procés, que no considera delitos, pero el PSOE se encarga de crear una nueva figura de “desvío presupuestario irregular”, que según interpretan, hará que los dirigentes del procés sí puedan ser castigados por este tipo de malversación, pero con una bajada en la pena pasando de seis años como condena máxima a cuatro años.

Según el Ejecutivo, su propuesta es la ideal ya que cumple con la rebaja de penas sin dejar de considerar culpables a los líderes del procés, que habían destinado unos 3,4 millones de euros (datos de la Fiscalía) para preparar un referéndum ilegal.

Así es cómo quedaría el texto del nuevo artículo 433 del Código Penal, de llegar a ser aprobado: 

“La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare”.

Dicha transaccional establece que ese “daño o entorpecimiento grave del servicio” será ejecutado para todos los dirigentes del procés encausados o investigados, debido a que las cantidades de dinero que desviaron son tan importantes, que cualquier juez interpretará que entorpecieron el servicio para el que estaban destinadas.

“En la actualidad la sociedad española ha evolucionado hacia una mayor intolerancia hacia ciertos comportamientos de administración desleal del patrimonio público, si bien nunca equipara su gravedad y castigo con las conductas de sustracción o desvío hacia intereses particulares, que integran la noción común de corrupción. De esta manera se corrige la inseguridad y la desproporción introducidas en la reforma de 2015 igualando el reproche a hechos con un desvalor nítidamente diferente, como hacen otros países europeos con una tradición jurídica similar a la española”, establece la exposición de motivos del por qué la norma debe modificarse. 

“En la misma línea de recuperar nuestro clásico sistema legal y a la vez volver a compartir una regulación similar a la de Francia, Italia y Portugal, se reintroduce una modalidad atenuada de la malversación consistente en el uso temporal de bienes o efectos públicos, como existía también antes de 2015 y como se da en los casos de los países antes referidos. El cambio se sitúa ahora en una actualización de la penalidad que responde a la actual sensibilidad de la sociedad española frente a esta clase de comportamientos”, impone el texto. 

Este lunes será discutida, durante el martes se tramitará en comisión y puede que para el jueves sea votada en pleno en el Congreso para pasar rápidamente al Senado para así poder entrar en vigor antes de que finalice el año, tal como espera Pedro Sánchez, quien busca dejar toda polémica en el 2022, y así empezar el 2023 con las aguas tranquilas, algo importante en los próximos meses electorales. @mundiario

Comentarios