El exDAO de la Policía niega el cese: “renuncié para no dañar el buen nombre” del Cuerpo
La crisis abierta en la cúpula de la Policía Nacional tras la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual ha sumado un nuevo capítulo con las primeras declaraciones públicas del exdirector adjunto operativo. En una entrevista emitida en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, González afirmó que renunció al cargo en cuanto tuvo conocimiento formal de la denuncia.
“En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”, declaró. Según su versión, la dimisión fue voluntaria y formalizada por escrito antes de que el Ministerio del Interior comunicara oficialmente su cese.
El caso se encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha citado como investigados tanto al exmando policial como a la inspectora que presentó la querella. La denunciante sostiene que, tras mantener una relación de afectividad previa, fue víctima de una agresión sexual con penetración y que posteriormente sufrió presiones para no denunciar los hechos.
La querella incluye referencias a supuestas coacciones y a un contexto de desigualdad jerárquica. González, por su parte, no ha realizado valoraciones sobre el fondo de las acusaciones en su intervención pública, limitándose a insistir en que su prioridad es defenderse en sede judicial y evitar un daño reputacional mayor a la institución.
Impacto interno y reacción sindical
La admisión de la querella provocó una fuerte conmoción entre los más de 76.000 agentes del cuerpo. En las primeras horas, el sindicato mayoritario Jupol reclamó públicamente que el DAO no permaneciera “ni un minuto más” en el cargo. Poco después, se confirmó la renuncia.
Otras organizaciones sindicales han adoptado un tono más prudente. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que la ejemplaridad es una exigencia en los puestos de alta dirección, pero ha defendido que cualquier investigación debe desarrollarse con transparencia y sin interferencias. El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a mandos, ha apelado expresamente al respeto del procedimiento judicial y a la presunción de inocencia, advirtiendo de que “cualquier juicio paralelo es prematuro e improcedente”.
La Unión Federal de Policía (UFP) también ha insistido en la necesidad de proteger tanto a la denunciante como los derechos del investigado, evitando que una actuación individual afecte a la imagen global de la institución. “Para nosotros es muy importante la imagen de la Policía, tenemos que garantizar el respeto a la institución y hacia el trabajo de los policías”, ha añadido el portavoz Carlos Quero.
Dimisión, cese y responsabilidad institucional
El matiz entre dimisión voluntaria y cese forzado no es menor desde el punto de vista político y administrativo. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la rapidez de su actuación, González sostiene que su salida fue una decisión personal adoptada de inmediato. En términos formales, corresponde a la Administración aceptar la renuncia o proceder al cese.
“No, no... yo renuncié antes de que me... ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía”, reivindicó el exdirector adjunto operativo en declaraciones a Antena 3.
Este tipo de situaciones sitúan a las instituciones en un delicado equilibrio entre la protección de su reputación y el respeto a las garantías procesales. La apertura de diligencias judiciales no implica culpabilidad, pero sí activa mecanismos internos de control y decisiones de oportunidad política. @mundiario
