Dimite el jefe de la Policía tras la apertura de una investigación por presunta agresión sexual
La cúpula de la Policía Nacional ha sufrido un golpe institucional tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González Jiménez, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una agente subordinada. La decisión judicial incluye su citación en calidad de “querellado”, así como la declaración de la denunciante en la misma jornada procesal.
La apertura de diligencias no implica culpabilidad, pero sí activa el procedimiento penal necesario para esclarecer los hechos denunciados. En este contexto, la dimisión busca evitar que la investigación judicial se mezcle con la continuidad en un cargo de máxima responsabilidad operativa, una práctica habitual en instituciones públicas cuando se abren causas que afectan a altos mandos.
La denuncia sostiene que la presunta víctima “recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo”, en un encuentro fuera de su puesto de servicio, y que los hechos investigados se habrían producido posteriormente en una vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior, donde el acusado la habría agredido sexualmente “con penetración”. También se investigan supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, además de presiones posteriores para evitar la denuncia.
El escrito del abogado de la funcionaria asegura que el director se valió de su “autoridad” para cometer la presunta agresión, que le “causó lesiones” y prolongada “hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial”. “Posteriormente, la víctima fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos, lo que la han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio”, afirma el letrado Jorge Piedrafita.
La Jupol exige el cese de Marlaska
El caso tiene además una dimensión política que trasciende la estructura policial, dado que el nombramiento del alto mando se produjo bajo la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2018, cuando ocupaba el cargo de jefe Superior de la Policía en Aragón. Por ello, el sindicato mayoritario de los policías, la Jupol, exige el cese inmediato de González, así como el ministro.
“Respetamos la presunción de inocencia que debe prevalecer en todo Estado de derecho. No obstante, la responsabilidad institucional exige que no continúe ni un minuto más al frente de la Dirección Adjunta Operativa para preservar la honorabilidad de la Policía Nacional”, señala la asociación, que añade que “sin olvidar que su máximo valedor es Fernando Grande-Marlaska. Por ello: Marlaska dimisión”.
La investigación está dirigida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que deberá determinar si los hechos denunciados presentan indicios suficientes para continuar el procedimiento penal. En paralelo, el Ministerio del Interior deberá gestionar el relevo en la dirección operativa de la Policía y garantizar que la causa judicial no interfiera en el funcionamiento ordinario del cuerpo.
La querella añade que la denunciante “mantuvo en el pasado una relación de afectividad” con González, que “estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta”, en virtud de su condición de alto cargo dentro de la Policía Nacional.
“Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación”, señala el abogado Piedrafrita. @mundiario
