La corrupción empaña las elecciones catalanas por el ‘caso Borràs’

Laura Borràs presidirá el Parlament de Cataluña. / Mundiario
Laura Borràs, candidata de Junts Per Cat a la Generalitat de Cataluña. / Mundiario
Los principales partidos catalanes -PSC, ERC y JuntsXCat- se acusan entre sí de presunta corrupción en sus filas. La líder de Junts, Laura Borràs, es investigada por prevariación.
La corrupción empaña las elecciones catalanas por el ‘caso Borràs’

Cataluña está en el ojo del huracán. El lucro de la política en términos judiciales sigue siendo una especie de patrón conductual en los pseudodirigentes que se disputan grandes cargos públicos. Es por ello que el foco institucional ha estado puesto con mucha vehemencia sobre la dinámica de las elecciones parlamentarias de Cataluña. Los tribunales ahora parecen formar parte de la campaña electoral, no por alguna clase de desvío proselitista, sino por la distorsión ética de quienes llevan la batuta de masas sociales esperanzadas en cambios, agendas y promesas políticas poco fiables.

Como un problema profundamente estructural, la transparencia es minada por los intentos de manipulación que los mismos políticos catalanes pretenden realizar con la connivencia de los órganos del Estado, algo realmente deleznable. Los antecedentes son bastante preocupantes para la credibilidad de las venideras elecciones del 14 de febrero. En 2015, inició el curso de la investigación judicial contra el expresident de la Generalitat Artur Mas y algunos de sus consejeros por la organización de la consulta del 9-N. La complicidad y la sedición se combinaron como dos factores altamente punibles en el modus operandi de la ‘administración pública’ del entonces máximo líder catalán dos años antes de aquella fatídica y fallida asonada independentista. 

En 2017, con los líderes del procés -el intento de independencia por sublevación de Cataluña- en prisión preventiva y esperando el juicio en el Tribunal Supremo, la dinámica política-social de la comunidad autónoma empezaba a tornarse más gris en vista de los infructuosos intentos diplomáticos de Carles Puigdemont por formar una especie de Estado catalán soberano con la figura del líder exiliado, una estrategia que le costó su carrera política al también expresidente de la Generalitat. 

Las elecciones del 14-F también estarán cuidadosamente auditadas y tuteladas, tanto por el ente electoral como por los cuerpos de seguridad, debido a varias razones, una vez suspendido el cambio de fecha de los comicios. El objetivo del Gobierno español es evitar una sublevación o focos de caos en el proceso electoral de ese día, clave en el futuro de las negociaciones de Cataluña con Madrid en busca de un punto común sobre el incierto proyecto separatista catalán. Los trámites judiciales siguen marcando la agenda política de esa región y de su estatus futuro como un posible pseudo-Estado declarado en rebeldía frente al Estado español. Y es que la Fiscalía tiene que pronunciarse sobre el régimen de semilibertad concedido a los políticos presos por la Generalitat, una causa con muchas aristas por analizar. 


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Asimismo, los principales partidos catalanes -PSC, ERC y JuntsXCat- se acusan entre sí de presunta corrupción en sus filas. A ese hecho se le suma que varios candidatos líderes en sus listas electorales están siendo investigados por varios delitos ligados a conductas corruptas: Laura Borràs, candidata a la Generalitat por Junts, está acusada de un delito de prevaricación por supuestamente beneficiar a un amigo manipulando y adulterando un contrato público, pues los presupuestos de ese documento desviaban considerables sumas al allegado de Borràs cuando esta muy bien sabía las consecuencias de esa decisión bajo su cargo de consejera de Cultura de la Generalitat entre 2018 y 2019.

Dolors Sabater, de la CUP, fue alcaldesa de Badalona y tiene que responder a la justicia por otro supuesto caso de prevaricación con unas licencias urbanísticas. Pero en medio de la ola de acusaciones que ganan protagonismo en la escena político eclipsando las propuestas de los candidatos a la Generalitat, surge el cisma del movimiento independentista ultrarradical que una vez marcó la pauta en Cataluña: el de Carles Puigdemont. Sus acólitos ponen en duda el independentismo de ERC, mientras que la CUP cree que no vale la pena apoyar a otro Gobierno autonómico, posiblemente, por la falta de fuerza política, jurídica y administrativa para contrarrestar las eventuales exigencias del Ejecutivo central en una nueva ronda de negociaciones, aprobada hoy en el Congreso de los Diputados. @mundiario

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