Cerdán recurre su ingreso en prisión por el caso Koldo: acusa al juez de vulnerar sus derechos
El abogado de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha presentado este jueves un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita su “inmediata puesta en libertad” y denuncia que su ingreso en prisión preventiva responde a una “causa general” sin indicios sólidos. La defensa, encabezada por Benet Salellas, carga contra la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, quien el pasado lunes ordenó su encarcelamiento por presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.
El juez sostiene que existen “notabilísimos indicios” de la implicación de Cerdán en una presunta trama de corrupción centrada en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La investigación gira en torno al supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales.
Comparación con otros investigados y críticas a la Fiscalía
En su escrito, al que ha tenido acceso El País, Salellas denuncia un “grave agravio comparativo”, ya que Cerdán es el único investigado que permanece en prisión preventiva. Los otros tres principales implicados —el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario comisionista Víctor de Aldama— se encuentran en libertad. “No hay duda de que estamos ante una causa general”, afirma el abogado, quien sugiere que el objetivo de la prisión sería forzar una confesión. “No sería conforme al principio de dignidad ni a un proceso penal democrático”, subraya.
Salellas cuestiona abiertamente la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de su jefe, Alejandro Luzón, y califica de “ilegítima” cualquier medida que busque obtener declaraciones inculpatorias mediante presión carcelaria. El recurso señala que “la adopción de esta medida no puede aspirar a compelerle a realizar una concreta declaración como instrumento para la obtención de indicios”.
Sin indicios suficientes ni riesgo procesal
La defensa reprocha al juez instructor haber aplicado una lógica “inquisitiva”, contraria al principio de presunción de inocencia. Asegura que las explicaciones ofrecidas por Cerdán durante su declaración ante el juez fueron “rechazadas de forma acrítica”, y que el magistrado asumió las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sin contrastarlas ni someterlas a análisis independiente.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la vinculación de Cerdán con la empresa Servinabar, señalada por los investigadores como una pieza clave de la supuesta red corrupta en Navarra. Según la Guardia Civil, un documento hallado en el domicilio del empresario Joseba Antxon Alonso prueba que en 2016 Cerdán habría recibido el 45% de las participaciones. Sin embargo, la defensa califica el texto de “borrador” sin validez legal y explica que nunca se formalizó porque el político finalmente decidió continuar en la vida pública.
Dudas sobre los audios y el papel de Koldo García
El recurso también pone en entredicho los audios grabados por Koldo García, considerados hasta ahora una de las principales pruebas del caso. La defensa cuestiona su fiabilidad y las garantías de custodia, insinuando que su origen y conservación podrían haber sido irregulares. “Nos parece que unos audios realizados y preservados durante años por un posible colaborador policial, que acaba como coinvestigado, no son la mejor prueba para acordar prisión preventiva”, afirma el escrito.
Salellas describe el papel de Koldo García como “misterioso”, recordando su pasado como escolta, colaborador de la Guardia Civil y persona condecorada e indultada, lo que en su opinión ensombrece su rol en la causa.
Falta de pruebas
Uno de los argumentos del juez para justificar la prisión fue el riesgo de que Cerdán destruyera pruebas. La defensa considera infundada esa sospecha y acusa al magistrado de no especificar qué fuentes de prueba estarían en riesgo. Incluso cuestiona el cálculo del supuesto “botín” de cinco millones de euros en comisiones, derivado de una estimación del 1% del valor de las obras adjudicadas. “No hay nada en la causa que permita establecer ese porcentaje”, señala el escrito.
Por último, Salellas denuncia lo que considera una “inversión del sistema de garantías procesales”: “Como no se ha hallado un patrimonio irregular en Cerdán, se presupone que debe existir uno oculto. Esta lógica contradice el principio de presunción de inocencia”, afirma. @mundiario
