El juez blinda el registro a Koldo García que destapó las grabaciones del caso Ábalos-Cerdán
La Audiencia Nacional ha blindado judicialmente una de las piezas fundamentales en la instrucción del denominado “caso Koldo”, al rechazar anular el registro en el que se incautaron las grabaciones que comprometen al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El auto dictado por el juez Ismael Moreno, instructor del caso, desestima las peticiones de nulidad formuladas por Patricia Uriz, exesposa de Koldo García e igualmente imputada en la causa, lo que refuerza la validez probatoria del material clave hallado en la vivienda del exasesor del Ministerio de Transportes.
El registro, llevado a cabo el 20 de febrero de 2024 en Polop de la Marina (Alicante), permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervenir nueve armas, 24.000 euros en efectivo y, sobre todo, dispositivos electrónicos con grabaciones de audio que precipitaron la entrada en prisión de Cerdán. Según el auto judicial, entre los dispositivos incautados figuraban 23 teléfonos móviles y una grabadora digital en la que se hallaron ocho audios grabados por el propio Koldo García a lo largo de más de cuatro años, en los que se discuten presuntos pagos de comisiones irregulares por adjudicaciones públicas.
Estas conversaciones, en las que aparecen Koldo, Ábalos y Cerdán, fueron determinantes para que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente imputara al exministro y decretara su ingreso en prisión. El fallo del juez Moreno cierra así la puerta a la estrategia de la defensa que intentaba invalidar la prueba clave bajo el argumento de un registro presuntamente desproporcionado.
Uriz había denunciado que la operación se realizó con “carácter desproporcionado” al ir armados con “armas automáticas (metralletas)”, a pesar de la presencia de su hija de tres años en la vivienda. También sostenía que García estaba dispuesto a colaborar voluntariamente y que la entrada violenta era innecesaria. Sin embargo, el juez respalda la actuación policial, argumentando que existían “elementos de oportunidad, idoneidad y necesidad”, dada la gravedad de los hechos investigados y el potencial riesgo para los intervinientes.
La Fiscalía Anticorrupción reprocha el recurso
El magistrado subraya que ni Koldo ni Uriz habían expresado protesta alguna sobre las condiciones del registro durante el año y medio posterior, lo que debilita la veracidad de sus recientes alegaciones. Además, recuerda que ambos estuvieron asistidos por sus abogados y que la diligencia contó con la supervisión de un letrado de la Administración de Justicia, tal y como exige la ley para preservar los derechos fundamentales.
La Fiscalía Anticorrupción también se opuso firmemente a las pretensiones de Uriz. A su juicio, la forma en que se ejecuta un registro depende del criterio profesional de la unidad policial, que debe tomar las medidas necesarias para proteger tanto a los agentes como a los ocupantes de la vivienda. La presencia de armas en el domicilio de Koldo García justificaba, según la Fiscalía, “podía entrañar un evidente riesgo” si se producía “una eventual reacción violenta” al allanamiento.
Además, el Ministerio Público destacó en su escrito que “pasado el momento inicial de entrada en la vivienda y aseguramiento, la diligencia se desarrolló sin ningún tipo incidencia”. Este argumento fue clave para que el juez desestimara también la solicitud de abrir una investigación sobre el operativo de entrada, otra de las peticiones de la exmujer del asesor en un segundo recurso que también fue desestimado por el juez Moreno.
Con esta resolución, el procedimiento judicial mantiene intacta una de las pruebas más comprometedoras para la cúpula del PSOE de los últimos años. Las grabaciones obtenidas en el registro apuntalan las sospechas sobre un posible entramado de corrupción en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, cuando se adjudicaron contratos de emergencia para la compra de mascarillas. Su contenido no solo ha acorralado a Ábalos y Cerdán, sino que ha provocado una crisis interna en el PSOE con implicaciones políticas aún por calibrar.
A medida que avanza la instrucción, la resolución del juez Moreno supone un espaldarazo a la labor de los investigadores y permite consolidar la base jurídica del caso en un momento de alta sensibilidad institucional. La batalla por la validez de las pruebas parece zanjada, al menos por ahora, y allana el camino para el desarrollo de las acusaciones formales contra los principales implicados. @mundiario
