Begoña Gómez recurre el análisis de sus correos: niega su imputación por malversación
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de solicitar a La Moncloa una copia íntegra de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde su cuenta oficial desde 2018. La medida, adoptada a petición de Vox como acusación en la causa, forma parte de la investigación abierta por presunto delito de malversación en relación con la contratación de su asesora Cristina Álvarez, también imputada.
El letrado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, sostiene que la petición del instructor vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, recogido en el artículo 18 de la Constitución. Según argumenta, el juez no ha justificado de manera suficiente la necesidad de acceder a siete años de correos electrónicos, ni ha detallado la finalidad de una medida que califica de “especialmente invasiva”. Además, critica que se haya ordenado mediante providencia y no a través de un auto, lo que elimina la obligación de motivación y restringe las posibilidades de recurso.
El recurso subraya que la cuenta de correo de Gómez puede contener información personal y documentos íntimos que nada tendrían que ver con la investigación. Por ello, defiende que cualquier acceso judicial debería acompañarse de “cautelas” para evitar un daño desproporcionado a la privacidad de la esposa del presidente.
La esposa del presidente del Gobierno presunta malversación vinculada a los correos enviados por Álvarez, asesora en Presidencia y señalada como colaboradora en asuntos relacionados con la cátedra y los másteres que la empresaria codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Uno de esos correos, dirigido en 2024 a una directiva de Reale Seguros, transmitía la voluntad de Gómez de mantener la colaboración con la cátedra patrocinada por la empresa, aunque con menor aportación económica.
Para el juez Peinado, ese mensaje refuerza la sospecha de que se usaron recursos públicos en beneficio de proyectos privados de Gómez. La defensa, sin embargo, rechaza de plano esa interpretación. “No podemos olvidar que es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”, recoge la defensa. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos”, añade el razonamiento.
Crítica a la interpretación del Código Penal
El recurso acusa al juez de aplicar una interpretación “exorbitante del Código Penal y contraria a los principios propios del Derecho”. Para la defensa, una conducta como la de Álvarez, a la que atribuye simples favores ocasionales, no puede enmarcarse en un delito de malversación de caudales públicos. “La realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal”, añade el escrito.
La decisión de Peinado se produce en un escenario especialmente sensible. El magistrado ya intentó en junio la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez en 2018, cuando era secretario general de Presidencia, aunque el Tribunal Supremo rechazó la propuesta. Tras ese revés, el juez ha continuado investigando y mantiene abiertas diligencias sobre Gómez y su entorno, centradas en los límites entre actividad académica, colaboraciones privadas y el uso de recursos públicos.
El recurso recuerda que la figura de Gómez “tiene una repercusión mediática indiscutible” y que cada paso procesal es amplificado en el debate político. De ahí que insista en que medidas como el acceso a siete años de correos electrónicos deben contar con un especial refuerzo de garantías jurídicas.
El caso continúa su curso y la Audiencia Provincial deberá resolver si respalda la decisión del juez Juan Carlos Peinado o si limita el alcance de unas diligencias que han colocado a la esposa de Sánchez en el centro de una de las investigaciones que cercan al Gobierno. @mundiario
